El Real Zaragoza ha presentado ante el Juzgado Mercantil número 2 de la capital aragonesa una solicitud de modificación del actual convenio de acreedores para que los pagos, que debían finalizar en el 2025, se prolonguen de forma lineal hasta el 2030, es decir cinco años más, además de que se suspenderían si el club baja a Segunda B, cuando en estos momentos está a solo un punto de las posiciones de descenso y ya han transcurrido 29 de las 42 jornadas, por lo que la petición también es un blindaje ante un hipotético descenso. Del mismo modo, si se sube a Primera, algo que como pronto no sucederá hasta el 2022 ya que esta temporada no se va a lograr, se abonará anualmente y mientras se esté en la élite un 20% más adicional a los acreedores ordinarios hasta acabar con los créditos, teniendo en cuenta que los pendientes de pago ascienden, según el escrito presentado al juzgado, a 24,736 millones de euros. La solicitud se fundamenta en la Ley 3/2020 y tiene su base en los perjuicios derivados de la pandemia.

Se trata de la segunda modificación del convenio de acreedores, que se firmó en el 2012 y que ya fue cambiado en el 2016 para variar los años de cumplimiento alterno, que eran cinco, para que fueran fijos y consecutivos y empezar a abonar ese convenio de acreedores en julio del 2018. El Zaragoza sacó adelante esa solicitud al obtener una mayoría reforzada de adhesiones, más del 60%, pero para sacar adelante esta propuesta de modificación, adelantada por Media Aragón y ratificada y ampliada en todos sus términos por este diario, la SAD ha solicitado que, en virtud de la Ley 3/2020 sobre las ‘Medidas procesales y administrativas para hacer frente a la covid-19', se tramite su aprobación exigiendo el mismo porcentaje que fue necesario para la aprobación del convenio y en virtud de la Ley 22/2003. Es decir, con el 50% de ese pasivo, con lo cual el margen para ser aprobada es mayor teniendo en cuenta que el Zaragoza sabe que no va a contar con el apoyo por ejemplo del Shakhtar Donetsk, el mayor acreedor, ya que se le adeudan aún 4,41 millones de euros, en torno al 18% de la deuda ordinaria, por el fichaje en su día de Matuzalem que acabó en el TAS, lo que hizo mucho más difícil hace cuatro años sacar adelante la anterior modificación.

La suspensión, presentada en el juzgado el viernes pasado y ya notificada a los acreedores este martes, establece que el convenio tendrá la misma quita (el 60%, aunque hay un 10% en función de traspasos) y estableciendo una espera adicional de cinco años que se añaden a los cinco pendientes, hasta el 2025, para quedar en diez pagos lineales hasta esa fecha. Se pide que si el equipo baja a Segunda B o una categoría inferior las obligaciones queden suspendidas durante el tiempo en que permanezca en esas divisiones, con un máximo de 5 temporadas consecutivas o alternas, del mismo modo que se abonará un 20% adicional si se sube a Primera. Una vez que la jueza admita a trámite esta solicitud, los acreedores tendrán dos meses para adherirse a la misma para ver si la SAD alcanza ese 50% necesario.

El Zaragoza ya obtuvo en septiembre pasado la suspensión del tercer pago del concurso, de 2,44 millones, y esa cifra fue prorrateada desde el 2021 hasta el 2025, aunque varios acreedores presentaron para anular esa suspensión un recurso de reposición posterior, entre ellos el propio Shakhtar y el Milan, que no fue aceptado por la jueza. El Zaragoza ya abonó las dos primeras anualidades, de 1,36 y de 1,679 millones respectivamente en el 2018 y el 2019, pero en la tercera pidió esa suspensión, que fue concedida.

La deuda inicial del concurso de acreedores estaba en 27,2 millones, el 40%, ya que la quita es del 60%, de la que se aprobó en el concurso al que el club accedió en el 2012 y cuando la deuda ordinaria era de 68 millones y la global de 145. Para pedir esa suspensión del tercer pago, el club se amparó en la eliminación de los ingresos por taquillas y la reducción de los abonos y los derechos televisivos, que se estima que, desde marzo del 2020, van a suponer a la entidad 4,061 millones entre el final de la temporada pasada y la actual y ese es también el argumento para solicitar esta modificación del concurso de acreedores que llevaría la deuda hasta el 2030.