El Real Zaragoza presentó el pasado viernes ante el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Zaragoza la solicitud para suspender el tercer pago del concurso de acreedores, al que debe hacer frente el próximo jueves 2 de julio y es de un montante de 2,4 millones, el 9% de los 27,2 millones que la entidad zaragocista debe hacer frente en las deudas a sus acreedores ordinarios. El club argumenta esta solicitud en las pérdidas por el parón de la competición liguera y la reanudación de la misma a puerta cerrada, además de la incertidumbre de si se jugará con público en el próximo curso y en qué porcentaje, y propone abonar este tercer plazo a los acreedores prorrateado en los cinco pagos posteriores hasta el 2025 para finalizar el convenio. El club también negocia con Hacienda aplazar el pago de los 1,2 millones de euros que ahora le corresponden por la anualidad de la deuda histórica, aunque además debe abonar el 25% que la AEAT tiene en su convenio por los traspasos que se hicieron en el Zaragoza esta temporada, desde el 30 de junio pasado y que en el verán o se acercaron a los siete millones (Soro, Pep Biel, Mateo Mejía o Verdasca) entre fijos y variables. El club aragonés se compromete a abonar ese tercer pago a los acreedores antes de final de año si la Liga se termina con público en los estadios o hacerlo de inmediato, en cuanto cobre el primer importe por derechos audiovisuales, si sube a Primera. El Zaragoza ya abonó las dos primeras anualidades, de 1,36 y de 1,679 millones respectivamente en el 2018 y el 2019.
La solicitud, desvelada por Media Aragón y confirmada por este diario, tendrá que ser aceptada por el juez aunque los acreedores dispondrán de un periodo de alegaciones. “La drástica reducción de los ingresos, sumado a la paralización de la actividad, imposibilitan que Real Zaragoza pueda cumplir, puntualmente, con el tercer pago acordado en el convenio, cuyo vencimiento se encuentra previsto el próximo 2 de julio de 2020”, asegura en su escrito la entidad, argumentando que ha dejado de percibir los ingresos de taquillas, que la temporada no se dará por finalizada hasta agosto, lo que retrasará la campaña de abonados y que previsiblemente los derechos de televisión no se empezarán a cobrar hasta esa fecha.
El Zaragoza, que debía pagar ahora ese 9%, el 11% en el 2021, el 14% en el 2022, el 16% en el 2023 y el 19% en el 2024 y el 2025, solicita la suspensión del tercer pago del convenio, ”cuyo abono quedaría prorrateado en igual proporción en los pagos restantes a razón del 2% en los 4 siguientes y un 1% en el último (pagaderos en 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025) en los que se abonaría el 13%, 15%, 18%, 21% y 20%, respectivamente, del 40% del crédito ordinario en vez de los porcentajes aprobados
Esta solicitud de suspensión quedaría sin efecto, procediendo el Real Zaragoza a abonar el tercer pago del convenio antes del 31 de diciembre si el club pudiese celebrar partidos con público en su estadio y generase los ingresos suficientes por taquillas, abonos e ingresos por derechos televisivos. Este supuesto es del todo improbable porque parece cada vez más claro que la Liga se va a acabar si público y al club le quedan tres partidos en La Romareda. El otro supuesto es el de ascenso a Primera, en la que el Zaragoza abonaría ese pago de inmediato cuando recibiese el primer ingreso por derechos televisivos, que en la élite superaría los 40 millones de euros.
Modificar el convenio si no hay esa suspensión
“Si la presente solicitud de suspensión del tercer plazo no resultase aceptada, el Real Zaragoza no tendría más remedio, para evitar la liquidación y el perjuicio para todos sus acreedores, que solicitar la 8 modificación del convenio al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19”, finaliza el escrito del club aragonés, donde también se presenta como argumento una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Madrid en la que se establece la suspensión de vencimientos de principal e intereses de un contrato de préstamo previstos para mayo y noviembre de 2020, pasando a ser exigibles un año después por la situación derivada de la pandemia del coronavirus.
