Inmersos de lleno en una dura cuarta ola del virus, nadie se imaginaba cuando empezó 2020 que la irrupción del covid-19 tres meses después, a mediados de marzo, iba a suponer un vuelco radical en nuestras vidas y a todos los niveles: social, laboral y económico. Una situación a la que forzosamente hemos tenido que aclimatarnos a nivel individual, confinamiento domiciliario incluido, pero también colectivo. Un escenario desconocido y desconcertante al que las administraciones han tenido que dar una respuesta rápida y ágil para tratar de paliar o minimizar el impacto de la crisis sanitaria, social y económica sobrevenida.

Pero, especialmente, han sido las administraciones más cercanas a la población, ayuntamientos, comarcas y diputaciones, las que han tenido que ir reinventándose casi día a día, reorganizando sus servicios y rehaciendo y modificando sus presupuestos. Todo para atender las necesidades que han ido surgiendo: desde detectar casos de vulnerabilidad entre sus vecinos, habilitar más ayudas sociales de urgencia, crear líneas de apoyo a autónomos y negocios afectados por el estado de alarma, o adquirir material de protección. Y lo han hecho, sin dejar de atender los servicios que habitualmente prestan.

La gestión en medio de esta situación improvisada no ha resultado fácil y, pese a que en este inicio de 2021 el covid-19 sigue estando presente, la llegada de la vacuna abre una esperanza y una luz al final del túnel en cuanto a la batalla sanitaria se refiere, mientras que en lo social y económico las administraciones se preparan para ser el apoyo que necesita la sociedad para salir de la crisis económica contando con el bagaje adquirido y el aprendizaje forzoso que han sido los últimos meses.

Eso está quedando de manifiesto en los presupuestos para este 2021 que están aprobando las administraciones y que reflejan importantes incrementos en las partidas de servicios sociales, para seguir al lado de aquellos más vulnerables y en los que la crisis económica está haciendo especial mella, y también para el mantenimiento de las ayudas para comercios, hosteleros y autónomos.

Pero, además, gracias a la supresión por parte del Gobierno central de las reglas fiscales y de estabilidad presupuestaria para los años 2020 y 2021, las administraciones van a poder recurrir, como venían reclamando desde hace años, al remanente de tesorería disponible. Algunos ayuntamientos ya han usado parte de ese remanente a finales de 2020 para poner en marcha distintos proyectos, algunos ilusionantes y que estaban aparcados, de tipo urbanístico y de equipamientos. Pero también podrán reforzar servicios o impulsar nuevos programas y actividades culturales de mayor o menor envergadura en sus territorios que permitan, además, reactivar otros sectores afectados por la paralización y ralentización económica. Y aquellos que aún no han recurrido a su remanente se disponen a hacerlo en los próximos meses para lanzar iniciativas que favorezcan la necesaria recuperación y reactivación económica y social.

Y aunque la pandemia ha supuesto un duro golpe para la sociedad, también ha provocado un contrapunto positivo en muchos municipios donde se han generado redes comunitarias y de solidaridad que se mantienen todavía hoy, y ha servido para poner de manifiesto las bondades de vivir en localidades pequeñas, donde existe mayor contacto con el medio ambiente y cercanía a los recursos naturales para disfrutar al aire libre. De hecho, en algunos pueblos se ha notado ya un repunte de empadronamientos poniendo fin a años de sangría demográfica.

Todo ello supone un reto y un desafío para las administraciones aragonesas que encaran el 2021 con determinación y con el objetivo de salir reforzados de esta crisis sin dejar a nadie atrás.