Recorrían chatarrerías y vertederos no autorizados y recogían electrodomésticos desechados por sus propietarios, pero que aún no habían sido desmontados como dicta la normativa ambiental. Luego, los reparaban rudimentariamente, sin controlar las emisiones de gases contaminantes que contienen algunos de estos aparatos; cambiaban las piezas dañadas y volvían a venderlos --a veces por tan solo 30 euros-- en tiendas de segunda mano. Tras ocho meses de investigaciones, la Guardia Civil dio ayer por desmantelada esta red, en la que habrían participado 178 personas y a la que se atribuye la reventa de 200.000 aparatos sin atender a la normativa ambiental. La trama actuaba en Barcelona, Málaga, Murcia, Alicante y Valencia.

En la operación, dirigida por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en colaboración con la Fiscalía de Medio Ambiente, se inspeccionaron numerosas tiendas de electrodomésticos del barrio del Raval de Barcelona. Algunos de los establecimientos llevaban abiertos al menos 30 años, por lo que no se descarta que las actividades ilegales llevaran desarrollándose desde hace mucho tiempo, apuntaron fuentes policiales.

El desmantelamiento de la red se ha llevado a cabo gracias a dos investigaciones, iniciadas casi de forma simultánea en Barcelona (operación Fragmentados) y en Málaga (operación Melos). Las pesquisas en la capital catalana comenzaron en mayo pasado y han culminado con la imputación de 119 personas por su presunta implicación en la gestión ilegal de miles de frigoríficos y lavadoras. El volumen más importante de actividad se centró entre las ciudades de Barcelona y Santa Coloma de Gramenet, donde se inspeccionaron 21 centros de venta y los agentes se incautaron de 1.739 frigoríficos. Una de las últimas inspecciones tuvo lugar el 16 de diciembre en la barcelonesa calle del Carmen.