Un año de cárcel por el homicidio involuntario por imprudencia de cada uno de los 37 inmigrantes que fallecieron el 25 de octubre del 2003 en el naufragio de una patera en Rota (Cádiz) y tres años más por un delito contra los derechos de los trabajadores. Esta es la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Cádiz al marroquí de 25 años Hamid Echokhch, el único imputado del caso, que ejercía de ayudante del patrón.
El abogado de Hamid indicó, tras conocer la resolución, que por el momento no piensa recurrir contra la sentencia, y explicó que su defendido sólo cumplirá nueve años de cárcel, ya que el Código Penal establece en el artículo 76 que el cumplimiento efectivo de la condena no excederá el triple del tiempo que se imponga por la pena más grave. El condenado deberá indemnizar, además, con 90.000 euros a los familiares de los fallecidos.
Con esta sentencia se salda el capítulo judicial de una tragedia en la que tuvo un destacado protagonismo la descoordinación y la negligencia de los servicios de salvamento. Un hecho que los propios magistrados ponen de relieve al advertir de que "el caso deja sobre el tapete muchas cuestiones y/o responsabilidades de todo tipo, públicas y privadas".
"UN POBRE DESGRACIADO" El tribunal deja claro en este sentido "el escaso significado de este proceso en la problemática actual de la inmigración ilegal", porque a la postre, si no se actuara en otros terrenos, "la sociedad se contentaría con castigar y atribuir a un pobre desgraciado toda la responsabilidad de tan luctuoso suceso".
La sentencia recuerda, por ejemplo, la "tardía o nula" respuesta a la llamada de socorro del Focs Tenerife , primer barco que vio la patera una hora antes de la salida del dispositivo de rescate.
La asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH) considera que la sentencia sólo "ha encontrado un cabeza de turco que pague los platos rotos".
