El Gobierno ha dado un paso importante para hacer frente a la masiva llegada de menores extranjeros no acompañados (mena), que había desbordado la capacidad de la red de acogida. El Ejecutivo habilitará una partida económica de 40 millones de euros que se destinarán a las autonomías que han registrado un aumento de esos niños desde el pasado 1 de enero y a las que acepten recibirlos a partir de ahora, como gesto voluntario de solidaridad. La medida beneficiará sobre todo a Andalucía, Cataluña, Ceuta y Melilla, que no solo verán aliviada su factura económica, sino que podrán aligerar la carga que soportan sus colapsados servicios de acogida.
La ayuda, acordada ayer en la Mesa de Coordinación Interautonómica fue anunciada por la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Carmen Montón, que calcula en aproximadamente seis semanas el período de tramitación del real decreto que la establecerá. La vigencia de la misma será de seis meses.
Las comunidades que soportan casi el todo peso de las llegadas venían reclamando un reparto equitativo entre comunidades y mayor apoyo económico. Con la medida, el Ejecutivo pretende dar satisfacción a ambas cuestiones. Aunque el reparto queda supeditado a la voluntad de las comunidades autónomas, se confía en que el apoyo económico incentive su espíritu solidario.
El reparto no puede ser obligatorio porque la Constitución lo impide. Los servicios sociales son competencia autonómica. Las autonomías disponen ahora de un plazo de 15 días para comunicar cuántos menores estarían dispuestas a acoger.
SUMAN YA 10.000 NIÑOS
La reunión de la mesa de coordinación se ha realizado un mes después de que diversas autonomías mostraran su rechazo al reparto de menores. En aquella ocasión, Andalucía y Cataluña lanzaron un llamamiento pidiendo la solidaridad de otros territorios, tras informar de que sus centros de acogida de menores están desbordados. En apenas dos años, los menores tutelados por las administraciones autonómicas han pasado de 3.997 en el 2016 a 10.000, según el dato actualizado facilitado por la ministra. Unos 7.000 de ellos están registrados en Andalucía y Cataluña. Más de 4.000 en la primera y más de 3.000 en la segunda.
Las propuestas de las autonomías que se presten a acoger menores serán evaluadas por el Gobierno central antes de autorizar el desembolso de fondos «con el objetivo de que se cumplan los requisitos adecuados de calidad». Una vez fijado el número de menores por comunidad, se repartirán estos 40 millones en forma de anticipo de crédito a las autonomías que posteriormente tendrán que justificar.
«Esta medida se toma para garantizar los derechos que hay que proteger de la infancia. La aprobación de este decreto responde a razones de interés público, social y humanitario debido al incremento del número de llegadas en los últimos meses», señaló la ministra. «La idea está sobre la mesa y ahora tenemos un trabajo muy intenso de 15 días en los cuales voluntariamente las comunidades autónomas tienen que decir si son solidarias en esta atención que queremos dar de calidad a los niños y adolescentes» indicó. El encuentro de ayer no llegó a valorar la propuesta hecha el día anterior por la Junta de Andalucía para que los menores de origen marroquí sean devueltos a su país de origen, apelando a la reagrupación familiar y en virtud de un convenio firmado en el 2012 entre España y el país alahuí. La Comunidad de Madrid se había sumado espor laañana a la propuesta andaluza, que también apoyaban Ceuta y Melilla.
La Junta de Andalucía, además, sostiene que se ha «tergiversado» su propuesta. «No se trata de devolver a los menores marroquís que lleguen sino de analizar cada caso individualmente, contactando los padres, para ver si su regreso es la mejor opción para ellos», precisó la consejera que asistió la cumbre celebrada en Madrid.
El Gobierno ha anunciado también la modificación del protocolo marco de menores no acompañados, aprobado en 20el 14. Los cambios irán encaminados, a «hacerlo más homogéneo, agilizar los procedimientos y dotarlo de mayores garantías», detalló Montón.
