Entre el 10% y el 20% de la población española ha padecido abusos sexuales cuando era menor de edad, datos recogidos en el informe Ojos que no quieren ver, que presentó ayer la oenegé Save the Children.
El demoledor estudio sobre Los abusos sexuales a niños y niñas en España y los fallos del sistema analiza más de 200 sentencias judiciales, emitidas desde octubre del 2012 hasta diciembre del 2016, y concluye que «denunciar y llevar el caso a los tribunales tampoco es una garantía de protección para el menor».
Los datos corroboran esta afirmación, ya que el 72,2% de los procesos judiciales abiertos en España por abusos sexuales a un menor se acaban archivando por falta de pruebas. «Es la palabra del agresor contra la de la víctima», explica Emilie Rivas, técnica de Save the Children.
Todos estos casos, en los que las víctimas tienen un promedio de 11 años, ni siquiera llegan a juicio oral y «esto provoca que el menor no tenga medidas cautelares de protección y, por tanto, nada impida que el agresor pueda seguir en contacto con la víctima», afirma Rivas.
Sufrir agresiones sexuales provoca graves efectos emocionales, sexuales y de convivencia (conductas antisociales). Y por si esto no fuera suficiente para las víctimas, el proceso judicial supone un descenso a los infiernos. Save the Children constata que la causa judicial se dilata en el tiempo, con una media de tres años. El suplicio, además de largo, resulta muy doloroso porque «la víctima debe repetir su declaración hasta cuatro veces y en la mayoría de los casos en juicios a puerta abierta», revela el informe.
