El 84 % de los españoles está a favor de una regulación de la eutanasia, según la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que esta semana reclamó en el Congreso que se despenalice esta práctica. Fue durante las jornadas La libertad al final de la vida y la despenalización de la eutanasia, en las que participó a el presidente de DMD-Madrid y médico paliativista Fernando Marín.

Este médico se queja de la actitud de los políticos que, hace un año, rechazaron la propuesta de regulación de la eutanasia con los votos en contra o la abstención del 74% de los diputados, a pesar de que el 84% de la población ha manifestado su deseo de legalizar esta práctica. Según Marín existe un tabú que impide hablar del suicidio. «Hemos puesto una cortina que contribuye a mantener la idea de la providencia, según la cual nuestras vidas están en manos de Dios».

Marín sostiene que de las alrededor de mil personas que cada día mueren en España, solo entre un 8 y un 10% lo hace de forma súbita, mientras que el resto sí es consciente de que se está muriendo y muchas de ellas lo hacen con dolor.

Así, aboga por una cultura de la muerte que permita «citar previamente a la parca cuando nosotros queramos» y reclama a los políticos que no tengan miedo y que sigan el ejemplo de países como Bélgica y Holanda, donde se han registrado 50.000 muertes por eutanasia y no ha habido entre ellos ningún caso de asesinato u homicidio. «El mundo ha cambiado y no vamos a esperar a tener una ley para morir cuando nos dé la gana», avisa Marín.

En la jornada de trabajo en el Congreso participó también el presidente del Comité de Bioética de Cataluña, Marc Antoni Broggi, que pidió una reforma del Código Penal para «excluir con claridad del ámbito penal la ayuda profesional al final de al vida» y evitar confusiones y temores entre profesionales, familias y ciudadanos». Por ello, instó a regular el suicidio médicamente asistido o la eutanasia en supuestos como los de enfermedad avanzada, incurable o con sufrimiento, demanda expresa y repetida, que se haga con conocimiento, competencia y libertad, con una segunda opinión médica, transparencia y control adecuado.