El PSOE se ha garantizado el control durante seis años del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), un organismo clave en el futuro de la energía nuclear copado en los últimos años por consejeros designados por el PP. El Consejo de Ministros nombró ayer a tres consejeros a propuesta del partido socialista y un cuarto a propuesta de Podemos después que PP y Cs bloquearan las negociaciones para pactar una terna consensuada.
El hombre propuesto por el partido de Iglesias es Francisco Castejón, un conocido líder de la lucha antinuclear y el ecologismo, que por vez primera dispondrá de un asiento en una institución caracterizada hasta ahora por su defensa a ultranza de las bondades de la energía atómica. Como presidente ha sido designado el ingeniero industrial Josep Maria Serena i Sender, uno de los consejeros propuestos por el PSOE. Gran parte de su carrera la ha desarrollado al frente de una importante consultoría especializada en medio ambiente y energía (Auma Consultores).
MANDATO DE SEIS AÑOS
Los otros dos nombrados a propuesta del PSOE son Pilar Lucio, la portavoz socialista de Energía en el Congreso de los Diputados las dos últimas legislaturas, y Elvira Romera Gutiérrez, catedrática de Física de la Universidad de Granada y actual directora del Instituto Universitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y Computacional.
Castejón es físico del Ciemat y dirigente de Ecologistas en Acción, organización de la que se dio de baja temporalmente desde que fue propuesto. El mandato de los consejeros dura seis años, dos más que una legislatura completa. Los cuatro tomarán posesión de manera «inminente» en el Congreso. Completa el órgano rector, Javier Diez Llovera, que permanece en su puesto al quedarle aún dos años y medio de mandato. Fue propuesto en su día por el PP. La renovación se ha visto envuelta en varias polémicas. La primera, por la legitimidad de llevarla cabo tras el adelanto electoral.
El estatuto de creación de CSN establece que tras proponer el Gobierno los nombramientos, el Congreso debe rechazar o aprobarlos con una mayoría de tres quintos. Si no lo hace en el plazo de un mes, el Ejecutivo está facultado para aprobarlos directamente. Y esto es lo que ha hecho, después que en la Comisión de Transición Ecológica no se alcanzara la mayoría necesaria ni para aprobarlos ni para rechazarlos.
El PP esgrime que durante esos 30 días las Cortes habían quedado disueltas, lo que interrumpiría la contabilización del plazo. Durante el debate apuntó la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) pese a que los letrados del Congreso emitieron un informe favorable a la actuación del Ejecutivo.
El partido de Pablo Casado también se opone frontalmente a la designación del dirigente ecologista. Este veto de los populares acabó precisamente con las negociaciones mantenidas con la ministra para la Transición Ecológica para la renovación consensuada del Consejo. Teresa Ribera no quiso forzar otra propuesta de Podemos al estimar que el veto era solo una excusa para frenar el recambio, dadas las ventajas que le otorgaba su anterior composición: tres consejeros conservadores y uno socialista.
