Unos quieren ver a las grandes farmacéuticas sentadas en el banquillo y que se exponga bajo luz y taquígrafos su responsabilidad en la letal epidemia de adicción a los opioides que consume a Estados Unidos, donde en las dos últimas décadas ha dejado más de 400.000 muertos por sobredosis tanto de fármacos legales como de opiaceos ilegales Para otros es más importante si cabe que las grandes compañías que ayudaron a desatar y alimentar la trágica crisis humana paguen para afrontar cuando menos parte de sus tremendos costes económicos. Por ahora, los segundos están más cerca de sus objetivos.
Este lunes de madrugada, unas horas antes de que fuera a iniciarse en Cleveland la primera fase de un trascendental macroproceso federal en el que se aglutinan demandas de más de 2.400 condados, ciudades, hospitales, tribus indias y otras comunidades de EEUU, los dos condados de Ohio cuyos juicios abrían el proceso alcanzaron un acuerdo con cuatro gigantes farmacéuticos que por ahora frena el juicio. Otras compañías señaladas en las denuncias ya habían logrado pactos individuales con anterioridad y el juicio contra la que aún no tiene acuerdo, Walgreens, se ha popuesto.
Según ha anunciado el juez federal de distrito Dan Polster, que preside el megajuicio, el fabricante israelí Teva y los tres mayores titanes de la distribución en EEUU (McKesson, Cardinal Health y Amerisource Bergen) van a pagar 260 millones de dólares a Cuyahoga y Summit, los dos condados de Ohio con los que se abría el proceso. En su anuncio Polster, un defensor de que los pactos son la mejor salida para este caso con miles de demandas, ha animado a seguir las negociaciones más amplias para no perder el impulso que se ha creado.
50.000 MILLONES, "CALDERILLA"
En esas conversaciones más generales que se frustraron el viernes pero continuaban este lunes se baraja que los gigantes farmacéuticos desembolsen 50.000 millones de dólares. Es una cantidad importante pero, para muchos activistas, así como para algunos fiscales públicos y representantes de los demandantes, insuficiente y lejos del coste real, que según un análisis reciente ascendió a 800.000 millones solo en los últimos cuatro años. Las conversaciones para acuerdos no hacen a estas compañías rendir cuentas por lo que han hecho. 50.000 millones son calderilla para ellos, ha denunciado Emily Palmer, que preside FedUp!, una coalición que une a familias con miembros golpeados por la adicción a opiáceos y médicos y expertos que se han opuesto a la receta excesiva de opioides.
Tanto las grandes productoras farmacéuticas como las distribuidoras han sido ampliamente identificadas como principales responsables de la crisis en EEUU y señaladas ante los tribunales por alteración del orden público y acciones que los asimilan a los cárteles del narcotráfico y otras formas de crimen organizado. Las primeras ocultaron los enormes riesgos de adicción que representaban los medicamentos opioides, que para muchos han sido la puerta al consumo de otras sustancias como heroína o fentanilo. También acometieron intensos, agresivos y exitosos esfuerzos para generalizar y ampliar la receta de esos adictivos fármacos, una estrategia que han replicado en países como España. Las distribuidoras, por su parte, inundaron EEUU con los fármacos incluso cuando ya era evidente que su uso no era exclusivamente médico y se prodigaba el mercado negro.
En algunos juicios se ha llegado a condenas, como la multa de 575 millones de dólares que impuso en agosto un juez estatal de Oklahoma a Johnson & Johnson. En aquel proceso, no obstante, otros gigantes como Purdue esquivaron sentencias con acuerdos económicos. Y la empresa propiedad de la familia Sackler, el gigante que hizo detonar la crisis con el desarrollo de OxyContin, negocia un polémico pacto mayor, por cerca de 12.000 millones, para no sentarse en el banquillo. Jueces como Polser apuestan por este tipo de acuerdos pero activistas como Palmer denuncian que las grandes corporaciones pueden "irse de rositas".
