El sector industrial se gastará, a partir del año que viene unos 85 millones de euros (14.142,8 millones de pesetas) anuales en cumplir los objetivos del plan aprobado ayer por el Consejo de Ministros para reducir la emisión de dióxido de carbono, uno de los seis gases responsables del calentamiento terrestre. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó que las industrias "no tendrán problemas" en asumir el coste ya que éste, a su juicio, sólo supone el 0,01% de sus beneficios.
El Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión obliga a que en el período 2005-2007 España reduzca en un 0,2% las emisiones de C02 respecto a las del 2002. Uno de los sectores más afectados será el de la industria, que es responsable del 40% del dióxido de carbono que se expulsa a la atmósfera. Eléctricas, refinerias de petróleo, siderúrgicas, cementeras, papeleras y la industria cerámica, tendrán que disminuir en un 2,5% el global de sus emisiones. Para ello, tienen dos opciones.
La primera es invertir en tecnología y utilizar materias que contaminen menos. La segunda es seguir produciendo igual y, para compensar el exceso de contaminación, comprar derechos de emisión. Es decir, adquirir en el mercado europeo toneladas de CO2 que otras empresas no utilizan y ponen a la venta. Aquí es donde el Gobierno ha calculado que las empresas españolas se gastarán esos 85 millones de euros.
El cálculo es el siguiente. Las empresas echarán a la atmósfera un exceso de contaminación de 8,5 millones de toneladas de más sobre las restricciones impuestas. Cada tonelada se calcula que costará unos 10 euros, aunque el precio variará en función de las cifras de la oferta y la demanda.
EN LAS FACTURAS Las eléctricas --que son las más afectadas por la reducción-- se verán obligadas a aumentar las tarifas para afrontar la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Con toda probabilidad, los usuarios comenzará a notarlo en sus facturas el año que viene.
Narbona explicó que las empresas tienen de plazo hasta el 30 de septiembre para solicitar las autorizaciones de emisión y los derechos correspondientes. Según las previsiones del Gobierno, la reducción de contaminación comenzará el 1 de enero del 2005. "Es el planeta el que está en juego", concluyó Cristina Narbona.
Una vez finalice el año 2007 vendrá la parte más dura del Protocolo de Kioto. Desde el 2008 y hasta el 2012, las emisiones de CO2 sólo podrán sobrepasar en un 15% las registradas en 1990.
REACCIONES DIVERSAS Las reacciones al plan no se hicieron esperar. Los ecologistas lo aplaudieron, a pesar de que, en su opinión, podría haber sido "mucho más ambicioso". Mientras, en los afectados hubo división de opiniones. El sector eléctrico y azulejero lo consideraron "razonable", pero otros sectores como las cementeras y las empresas de refino de petróleo se quejaron de la escasez de derechos de emisión.
