El Gobierno autorizará un aumento de las tarifas eléctricas para que este sector pueda afrontar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a que le obliga el protocolo de Kioto. Lo anunció ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en la presentación del primer borrador del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión que establece un recorte global de vertidos a la atmósfera del 0,4% para el período 2005-2007 respecto a las cantidades emitidas en el 2002. Es una reducción mínima, pero que viene a frenar lo que hasta ahora era un crecimiento desbocado.

Para el sector eléctrico, el recorte se eleva al 9,9%. De 95,9 millones de toneladas de CO2 equivalente deberán bajar a una media anual de 86,4 millones. De hecho, los productores de energía son los únicos que verán mermar su cuota actual. Serán los que soportarán el peso del ajuste, porque a los sectores industriales se les permitirá un aumento de 7,2%, con un máximo del 18% que podrán alcanzar las papeleras.

No es extraño, por tanto, que las tarifas eléctricas acaben resintiéndose. Para seguir produciendo la mismas energía con menos contaminación, las eléctricas deberán hacer un esfuerzo de inversión en sistemas de menor impacto ambiental.

AUMENTO MINIMO La ministra no precisó ni la cuantía ni a partir de cuando podría aplicarse el aumento de precios. Eso sí, advirtió de que en España "la energía es bastante más barata que en otros países de nuestro entorno". Fuentes del Ejecutivo aseguraron, sin embargo, que la subida será "mínima" y que podría aplicarse el próximo año. El secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, garantizó, en la misma línea, que "los efectos sobre las tarifas serán minimizados".

Narbona admitió que el recorte global del 0,4% en el conjunto de las emisiones puede parecer escaso, pero advirtió de que se trata de un gran avance si se tiene en cuenta que "de no poner en marcha estas iniciativas estaríamos creciendo muy por encima de los objetivos de Kioto durante los próximos años". El plan debe ahora concretarse mucho más, hasta detallar qué emisiones les corresponde a cada empresa y a cada centro de producción. Una vez ratificado por el Gobierno, este debe remitirlo a la UE antes del 1 de agosto. Si es aprobado, las empresas empezarán a presentar sus solicitudes oficiales de derechos hasta el 1 de octubre en las comunidades autónomas, que son las que las concederán. Un decreto regulará los trámites.

El plan del Gobierno incluye una segunda fase de ajuste mucho más duro, correspondiente al periodo 2008-2012, cuyo objetivo es cumplir ya con lo pactado en Kioto, es decir, aumentar un 15% las emisiones respecto a fecha de referencia de 1990. Para esta segunda fase se está estudiando la introducción de un impuesto en la gasolina.