El año pasado 481 personas fallecieron ahogadas en España. De ellas, 24 tenían menos de 14 años y sus muertes podían haber sido «totalmente evitables». ¿Cómo? Con prevención. La Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) y la Asociación Nacional de Seguridad Infantil reclaman al Gobierno que conceda la misma importancia a los ahogados que a las víctimas de tráfico [1.200 fallecidos en 2017]. Ambas entidades exigen campañas ministeriales que muestren los riesgos que conlleva el agua, sobre todo entre los menores, con los que cualquier despiste puede ser mortal. Solo así -advierten- se provocará un cambio de mentalidad.

En lo que va de año, al menos 125 personas (seis de ellas tenían menos de 17 años) han muerto ahogadas en playas, piscinas, ríos, pantanos y embalses. En el 95% de los casos, el fallecimiento se produjo en zonas sin vigilancia o el socorrista estaba fuera de turno. Dentro de la gravedad, los datos confirman una mejoría respecto del 2017, año negro en el que se registraron 16 víctimas mortales menores de edad en los seis primeros meses.

Además de los 481 muertos por ahogamiento en el 2017 hay que añadir otros 106 fallecidos en espacios acuáticos de los que se desconoce las circunstancias y otros 20 que desaparecieron (no están incluidos inmigrantes a bordo de pateras). En total, 607 personas perdieron la vida en playas, piscinas y ríos. «Son datos muy preocupantes. Necesitamos una acción por parte del Gobierno», exige Jessica Pino, responsable del informe anual de ahogamientos que realiza la Federación de Salvamento y Socorrismo.

No se trata de datos oficiales, sino de cifras recogidas por las asociaciones que luchan contra la inseguridad en el agua. «Las estadísticas ministeriales -que se elaboran con dos años de retraso- no diferencian entre los menores que se ahogan en una piscina o los que tienen un accidente con una bolsa de plástico. Esa sería la primera medida que el Gobierno debería adoptar: realizar estadísticas serias como hace la Dirección General de Tráfico con las víctimas en la carretera», explica Mariángeles Miranda, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil.

«Nuestro objetivo es que Sanidad decrete medidas para concienciar a la población. No es lógico que padres y madres busquen seguridad absoluta en sus coches y compren sillitas especiales para sus hijos y, sin embargo, cuando llegan a la playa o la piscina no toman las mismas precauciones», dice Pino.

PISCINAS PRIVADAS

A falta de mensajes ministeriales, las entidades llevan un par de años lanzando campañas veraniegas con especial atención a los menores. #OjoPequeAlAgua y #StopAhogados se dirigen a familias para recordarles que la primera medida de precaución es estar siempre vigilando a los pequeños y no perderles de vista. Especialmente, en las piscinas privadas, donde se producen la mayoría de los sucesos. Hay que estar pendientes tanto de los bebés que no saben nadar (ni flotar) como de los niños que están aprendiendo o ya saben. «Un menor se puede ahogar en cuestión de segundos, lo que tardamos en mirar la pantalla del móvil», destaca Miranda. Un niño puede morir en 27 segundos. Los expertos reclaman al Gobierno mayor regulación, sobre todo para las piscinas privadas. Miranda recomienda las vallas como primera medida. Un tema complejo porque depende no solo de la normativa de cada comunidad autónoma, sino de cada comunidad de vecinos. Las municipales, mientras, están reguladas desde el punto de vista de la higiene, la calidad del agua o la presencia de un socorrista, pero ninguna tiene vallas. Miranda recuerda cómo en Francia la ley Raffarin que obligó en el 2003 a vallar las piscinas públicas y privadas, hizo que los niños fallecidos se redujeran en un 75%. La norma lleva el nombre del senador que la impulsó y cuyo hijo murió ahogado en una piscina.