Una dirigente del Obispado de Córdoba, uno de los más beligerantes contra el aborto, será desde ahora la responsable de Estrategia Reproductiva y Salud Sexual de la Junta de Andalucía a instancias del PP. El nombramiento de Trinidad Lechuga Varona, que era directora del Secretariado para los Cristianos Perseguidos de la Diócesis que preside Demetrio Fernández, se justifica en la necesidad de dar respuesta a los cambios sociales que se han venido produciendo y para el cumplimiento de los objetivos propuestos para el abordaje de la salud sexual y reproductiva, según recoge el Boletín Oficial de la Junta (BOPA) del pasado 8 de enero que incluye su nombramiento.

Demetrio Fernández, que celebró en una pastoral el "vuelco electoral" en la región tras 37 años de mandato socialista, ha sido uno de los miembros de la curia más intransigentes con la interrupción voluntaria del embarazo, un crimen abominable o matanza de inocentes, como lo ha llegado a definir. Ningún crimen tan horrible como el del aborto, cuando una madre se ve en la situación de matar al niño que ha concebido en sus entrañas. Que el seno materno, el lugar más seguro y más cálido para el ser humano, no sea nunca más un lugar de amenaza para el ser humano naciente, ya desde su concepción, incluso antes de su anidación en el útero materno. No vale invocar el derecho de la madre para matar a su hijo. Ningún padre, ninguna madre tiene derecho a matar a su hijo!, arengó en una homilía durante la misa en recuerdo de los pequeños Ruth y José, asesinados por su padre José Bretón durante la separación de su esposa.

En diversas pastorales, el obispo no ha dudado en arremeter contra el llamado derecho a decidir de las mujeres, que a su juicio no puede ejercerse cuando está en juego la vida de un sujeto humano, porque la decisión presionada por intereses egoístas, no respeta la vida y elimina al que estorba. Un derecho, aseguró en 2017, que significa que millones de seres humanos sea "eliminados después de la concepción porque no interesan o porque estorban o porque se consideran simple 'material genético de laboratorio', descartable o no, a gusto del consumidor y del mercader.

Según su criterio, el derecho a decidir choca frontalmente con el derecho a la vida, y debe prevalecer este sobre el otro, una posición que le llevó incluso a crear una suerte de concurso en un centro adscrito a la Universidad de Córdoba en el que pretendía premiar con 2.000 euros y un diploma a la estudiante embarazada que no sucumbiera a las presiones homicidas y decidiera seguir adelante con la gestación.

Varona es médico de atención primaria en la capital cordobesa y posee una larga trayectoria en medicina familiar. Su nombramiento, según adelantó Infolibre, se produce después de que el puesto quedara desierto a raíz del cambio de gobierno hace un año. Fue precisamente la irrupción de PP y Cs, con el apoyo de Vox, la que promovió el cambio de denominación de este departamento, al que se añadió la coletilla de Salud y Familias para contentar a la ultraderecha y allanar la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla. La responsabilidad cayó en otro médico cordobés, Jesús Aguirre, que también generó polémica por sus críticas al aborto. Lo fácil es llegar y chupetón, afirmó en una comparecencia pública.

Pero más allá de la denominación del departamento, la presencia de Vox como aliado indispensable del Ejecutivo de PP y Cs se ha dejado notar en las propuestas que ha logrado colar en los presupuestos y las políticas sociales. La recuperación de un premio a la familia con más hijos de Andalucía, como ocurría en la dictadura franquista; deducciones fiscales a las familias numerosas, programas de asistencia a mujeres embarazadas para reducir los abortos. El ejemplo más claro de su agenda antiabortista se vio cuando la formación trató de sacar adelante una proposición en el parlamento autonómico para evitar lo que consideraba prácticas irregulares en las clínicas concertadas que practican la interrupción voluntaria del embarazo. La propuesta no prosperó por los votos en contra de PSOE, Adelante y Cs, mientras que PP se abstuvo debido a la negativa de la ultraderecha de eliminar la calificación de esos centros como abortorios públicos, aunque compartía el espíritu de la misma