"Estamos ante un escenario de catástrofe total para la Amazonía". La advertencia fue hecha por del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Brasil después de que se conocieran nuevos datos oficiales. La deforestación ha crecido a tal ritmo en mayo que amenaza con convertir a 2020 en el período más destructivo del bosque más grande del planeta. Un total de 829 km² de su selva se ha perdido a lo largo de esos días, lo que equivale a 14 veces el área de Manhattan, de acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación Espacial (Inpe). La cifra representa un incremento del 12% con respecto al mismo mes de 2019, el año durante el que se reportaron en el gigante sudamericano 91.893 focos de incendio, en su inmensa mayoría consecuencia de la tala de árboles.

Entre enero y mayo de 2020 se destruyeron 2.000 km², un 34% más que en el mismo período del año pasado. El principal temor de los especialistas está relacionado con el hecho de que todavía no se ha alcanzado la "temporada" de siniestros derivados de la deforestación, la minería y la agricultura ilegal, que comienza en junio y se extiende es entre junio y octubre. El Instituto de Investigación del Amazonas (Ipam) ha alertado que, a este ritmo, el territorio devastado puede llegar a los 9.000 km² mucho antes de la llegada de 2021.

Crisis ambiental y sanitaria

"El Gobierno continúa dejando en claro su total desprecio por el medio ambiente, los bosques y la vida de los brasileños", ha dicho Cristiane Mazzetti, quien forma parte de la campaña amazónica de Greenpeace. Las crisis sanitaria y ambiental van de la mano. Brasil ha superado las 44.000 muertes y está cerca de los 900.000 contagios por covid-19. Los especialistas no dejan de recordar con escalofríos la sugerencia que hizo Ricardo Salles, titular de la cartera de Medio Ambiente, de aprovechar que la prensa tiene sus ojos puestos en la pandemia para hacer "pasar el ganado" en materia ambiental. En clave picaresca propuso una política de tierra arrasada. "La oportunidad que tenemos, de que la prensa nos está dando un poco de alivio, es aprobar las reformas de desregulación y simplificación", dijo. Esas palabras fueron a su vez calificadas de "pornográficas" en su momento, mediados de mayo, por el urbanista Nabil Bonduki.

Salles, se ha recordado, quiere ir más lejos: se propone reconocer las áreas ya deforestadas como hechos consumados para que sus propietarios puedan ser amnistiados y retomar en esas tierras las actividades agrícolas a pesar de los peligros que se ciernen sobre la seguridad hídrica de la región. El ministerio busca, además, pulverizar en los hechos al Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). Otra de las decisiones que ha llamado la atención fue la normativa que permite la regularización de granjas en áreas que hoy son parte de tierras indígenas y que todavía están en el proceso de aprobación.

Cambios en la fiscalía general

El flamante fiscal general adjunto de la República, Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, es un productor rural y ex policía. Su nombramiento confirmó los temores de los especialistas: Bolsonaro, un crítico acérrimo de la legislación brasileña sobre la preservación del medio ambiente, tiene ahora un aliado en la fiscalía. Antes de asumir, el funcionario se definió como "defensor de la libre competencia y la iniciativa privada libre". Cuando el diario paulista Folha le preguntó sobre las casusas de la deforestación en la Amazonía, mencionó problemas como la "avaricia criminal", los "fenómenos de la naturaleza" y la "capacidad disminuida de los organismos de control e inspección frente a la escasez global de recursos naturales". Bolsonaro, sugirió, no tiene ninguna responsabilidad en lo que sucede.