«Las viviendas protegidas no pueden servir para fines especulativos», zanjó ayer contundente la consejera andaluza de Fomento y Vivienda (IU), Elena Cortés. Su departamento acaba de imponer multas por casi seis millones de euros a dos bancos por disponer de viviendas de protección (VPO) y no cederlas a los ayuntamientos para que sean estos quienes las gestionen a través de los registros municipales de demandantes.
La multa de mayor cuantía corresponde al Banco Popular, al que sanciona con 5,82 millones de euros por no ofertar 96 viviendas protegidas que tiene en su poder, mientras que al Banco Sabadell le ha caído una de 120.000 euros por otros dos pisos. Y hay abiertos otros seis expedientes, entre ellos al BBVA (1,62 millones por 27 viviendas), el Santander (660.000 euros por 11) y Servihabitat (360.000 euros por otras seis). En su momento se expedientó también a la Sareb, el banco malo, primero con 120.000 euros por no comunicar su censo de VPO vacías y, más tarde, con otros 11,7 millones por no ceder a los consistorios las 98 viviendas que poseía (aunque inicialmente esta sociedad contabilizó 911).
Según la Administración andaluza, de acuerdo con la ley regional de función social de la vivienda, conocida como antidesahucios, al no poner estas viviendas en manos de los ayuntamientos para que puedan ofertarlas los bancos están cometiendo una infracción muy grave, sancionable con 60.000 euros por vivienda desocupada que mantienen al margen del mercado de demandantes de VPO. Contra esta decisión, no obstante, cabe recurso de alzada.
RECURSO DEL GOBIERNO
«Una vivienda protegida se ha construido con dinero público y debe tener siempre como destinataria una familia que la necesite y cumpla los requisitos», insiste Cortés. Pero los bancos se resisten a aplicar esta norma con las casas que les llegan, bien de embargos y sus correspondientes desahucios o por las quiebras de promotoras que se hipotecaron con ellos.
El reciente caso de Carmen, la mujer de Vallecas desalojada por avalar el piso de su hijo ante un prestamista privado, ha vuelto a sacar a escena el drama de los desahucios y la falta de vivienda. También el de la imposibilidad de acceder a un piso a precio de mercado libre. Porque las cuentas no salen: según la Consejería de Fomento, solo en Andalucía había en octubre 116.662 demandantes de VPO en más de 400 municipios de toda la comunidad. Mientras tanto, el parque de viviendas libres y protegidas que no tienen inquilinos asciende a 637.221, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Por eso la ley nació con la intención de ajustar el mercado a la demanda, entre otros objetivos, forzando a los bancos a actualizar la oferta inmobiliaria de alquiler y no especular con los pisos protegidos. «La protección y la garantía del derecho a la vivienda es la prioridad», recordó ayer Cortés. También para proteger a las familias en riesgo de exclusión social mediante la expropiación temporal a los bancos en determinadas circunstancias, aunque esta parte de la norma se encuentra suspendida por el Tribunal Constitucional tras el recurso planteado por el Gobierno central. Se plantearon 200 solicitudes y se tramitaron 39 expedientes, pero solo dio tiempo a que dos familias mantuvieran sus casas durante tres años.
