Antes de que la llegada del Covid-19 azotara a todo el planeta, la investigación sobre enfermedades víricas en España era muy exigua, pese a las advertencias previas de la OMS y de los epidemiólogos de que la aparición de un virus mortífero podía provocar una crisis sanitaria mundial de dimensiones conocidas. El informe La investigación clínica en España realizado por la Fundación Salud por Derecho y publicado este jueves, certifica que el cáncer ocupaba el lugar central de la i+d sanitaria en España, con el 35% de los ensayos, mientras que las enfermedades provocadas por un virus apenas copaban el 4%. De aquellos polvos, estos lodos, piensan los expertos sobre las visibles consecuencias.
Por encima de las enfermedades infecciosas y por detrás del cáncer se situaban los ensayos clínicos sobre dolencias del sistema nervioso (con un 8%), las patologías del sistema inmunitario (con un 6%) y las patologías cardiovasculares (con un 5%). Estos datos ponen de manifiesto, según Salud por Derecho, que es necesario equilibrar la agenda de investigación y revisar sus prioridades para asegurar que los avances llegan a todas las enfermedades, no sólo a las que generan más beneficios económicos.
De hecho, la irrupción del covid ha comenzado ya a cambiar la balanza, porque España se ha situado en uno de los países líderes en la UE en ensayos clínicos de tratamientos contra el coronavirus, con 95 investigaciones, 71 de ellas impulsadas por organismos públicos o filantrópicos, según los últimos datos de la Agencia del Medicamento. La Fundación Salud por Derecho reclama que toda esa inversión pública sea tenida en cuenta si los estudios dan resultados, con precios justos y asequibles que aseguren que los medicamentos o vacunas resultantes lleguen a todas las personas que lo necesiten.
FALTA DE TRANSPARENCIA
Además, el informe presentado este jueves, realizado mediante un análisis de los datos del Registro Español de Estudios Clínicos desde su creación, en el 2013, hasta septiembre del 2019, muestra que hay una evidente falta de transparencia, ya que una cuarta parte de los ensayos que ya han finalizado, no publican sus resultados. Además, en un 70% no existe la fecha de finalización a nivel global, lo que impide saber si cumplen con la normativa sobre transparencia. Lo mismo ocurre con el número de personas que participan en los hospitales españoles o con el principio activo que se está probando en cada uno de ellos.
Como la labor de vigilancia y control sobre la publicación de esta información recae sobre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Fundación Salud por Derecho pide a este organismo que establezca mecanismos de control que aseguren la publicación de los datos y establezca una política de sanciones en los casos de los ensayos que incumplan la normativa.
