El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto por el que el cierre de las centrales nucleares solo será definitivo cuando obedezca a motivos de seguridad. Si es por motivos económicos, como en el caso de la planta de Santa María de Garoña, dispondrán de un año para pedir su reapertura. Es una norma hecha a medida para que la central burgalesa pueda reanudar su producción eléctrica en el caso hipotético de que los propietarios reconsideraran su decisión de cerrar.
Nuclenor, participada por Iberdrola y Endesa, renunció a pedir la renovación de su licencia porque un nuevo impuesto sobre el combustible nuclear la convirtió en económicamente inviable al añadir un coste adicional de 152 millones de euros.
El cierre fue una bofetada al Gobierno del PP, que había hecho bandera de la continuidad de la nuclear durante la campaña electoral, con visita incluida del candidato Mariano Rajoy la zona. Desde que las eléctricas anunciaron sus intenciones el Ejecutivo ha intentado forzar que la planta siguiera enganchada a la red y la nueva norma no es más que otro intento para hacerlo posible, aunque la reacción de Iberdrola a los últimos cambios en la regulación del sector no auguran nada bueno. Su presidente anunció que la compañía trasladaría sus inversiones a otros países con mayor seguridad jurídica. La nueva oportunidad de Garoña expirará el próximo 6 de julio.
El colectivo Araba sin Garoña hizo ayer un llamamiento "a dar una respuesta ajustada al desafío" del Gobierno. En un comunicado, Alberto Frías, portavoz de Araba sin Garoña, advirtió de que la plataforma usará "todas las vías para hacer imposible la reapertura de una central con 44 años de actividad".
