Aprobada la reforma de ley del aborto, que amplia el plazo hasta las 22 semanas

El Consejo de Ministros dio hoy luz verde al anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con el objetivo de "salvarguardar la dignidad de la Mujer", según afirmó hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. El Ejecutivo remitirá el texto a la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial que deberán emitir su informe preceptivo. En la rueda de prensa posterior al Consejo, De la Vega aseguró que la intención del Gobierno es también ofrecer seguridad jurídica a los profesionales de la Sanidad. "Protege y garantiza en todo el Estado los derechos de las mujeres", insistió. Por su parte, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, manifesto que la Ley ofrece "más garantías jurídicas para las mujeres, más seguridad para los profesionales sanitarios y medidas para prevenir embarazos no deseados". Además, señaló que se trata de una norma "más equilibrada, moderna, que se acerca más a Europa y que da, por primera vez, rango de ley a la educación sexual". Según informó la titular de Igualdad, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14, siempre que, como mínimo tres días antes de la interrupción, haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión. "Garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo dentro de las primeras catorce semanas", agregó Aído. De manera excepcional -continuó- hasta la semana veintidós la mujer podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. En los dos casos, deberá acompañar un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención. A partir de aquí sólo un comité clínico podrá autorizar una interrupción a petición de la embarazada cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable. La IVE, además, se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, "para que sea una prestación pública y gratuita". Según explicó Aído, "el Estado velará por el cumplimiento efectivo de estos derechos a través de la Alta Inspección Sanitaria".