El Gobierno logró que el pleno del Congreso convalidase el real decreto que pone fecha de caducidad a los VTC (los vehículos que usan las plataformas de Uber y Cabify). No consiguió evitar, sin embargo, que puedan introducirse cambios en el futuro. Las intensas negociaciones mantenidas con PDECat y ERC hasta unos minutos antes del debate fracasaron. Ambos grupos votaron a favor de la nueva norma, pero luego se aliaron con sus principales detractores, el PP y Ciudadanos, para imponer que se tramite como proyecto de ley.

La decisión no afecta a la entrada en vigor de la nueva regulación. Como todos los decretos, su efectividad es inmediata una vez se publica en el BOE, pero las administraciones suelen esperar a que el Congreso los convalide para evitar rectificaciones. La convalidación ya se ha producido y, por tanto, hay vía libre para su aplicación. Otra cuestión es que algunas autonomías y municipios decidan esperar hasta comprobar qué cambios Se introducen durante el trámite parlamentario.

El decreto habilita a los ayuntamientos y a las comunidades para que impongan de inmediato a los Uber y Cabify horarios, tarifas y otras restricciones similares a las que están sujetos los taxis. En el plazo de cuatro años ampliables a seis caducarán todas las licencias para los viajes urbanos de los VTC (el 95% de los que hacen) y quedará en manos de la administración autonómica y local expedir una nueva o acabar con la actividad.

El Gobierno está convencido de que, dado su escaso peso parlamentario (84 diputados), la tramitación como proyecto de ley entraña el riesgo de que la norma «se desvirtúe». «Vamos a pudrir este asunto manteniendo la incertidumbre», lamentó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que se mostró muy disgustado pese a haber visto aprobado su decreto. El temor de los socialistas es que las crecientes presiones de las grandes empresas con intereses en los VTC acaben teniendo efecto.

El debate, muy tenso, tuvo momentos chocantes, como cuando el diputado de ERC Damià Calvet reprochó al Gobierno «desviar al córner el conflicto». Ábalos le preguntó si las comunidades autónomas son el córner. «Sorprende ver cómo partidos que quieren irse del Estado critican que se les traspase una competencias».

Quienes sí fueron coherentes con su discurso centralizador y mimético de los últimos tiempos fueron PP y Ciudadanos, que coincidieron casi en todo. Aseguraron que se trata de una expropiación en toda regla, inconstitucional, y que el Ejecutivo «pasa el marrón a las autonomías», sin resolver nada.