El juzgado 1 de instrucción de Marbella (Málaga) ha acordado el sobreseimiento y archivo de la pieza separada que se seguía contra el actor escocés Sean Connery por un supuesto caso de fraude fiscal a raíz de una operación urbanística en la finca que poseía en la ciudad de la costa del Sol.
El caso se inició por una querella de la Fiscalía contra el exalcalde Julián Muñoz y el exasesor urbanístico Juan Antonio Roca en relación a un convenio urbanístico suscrito entre el Consistorio y las sociedades Malibú, propietaria de la parcela donde se ubicaba la finca del famoso intérprete del agente secreto James Bond, y By de Sea. Tras su venta a comienzos de los años 2000 la finca, ubicada, en primera línea de playa en una de las zonas más cotizadas de Marbella, fue recalificada mediante un convenio urbanístico para permitir la construcción de 72 apartamentos de lujo. Un convenio que según el fiscal supuso un perjuicio para el Ayuntamiento de Marbella.
Las investigaciones del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Agencia Tributaria y la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional, permitieron además conocer que las operaciones financieras se hicieron a través de un entramado societario en las que supuestamente habría intervenido un despacho de abogados marbellí, que había representado los intereses económicos del actor escocés y su mujer en Marbella.
El actor se desvinculó
En este sentido, en la pieza separada que se abrió para determinar la responsabilidad del actor y su mujer se tomó declaración a ambos mediante una comisión rogatoria solicitada a las Bahamas, donde reside en la matrimonio. En la misma, Connery se desvinculó de ambas sociedades asegurando que su parte de Malibú se la traspasó a su mujer en los años 80 y negando tener conocimiento sobre By the Sea. También dijo no conocer a los exalcaldes de Marbella Jesús Gil o Julián Muñoz ni al exasesor Juan Antonio Roca. Por estos motivos, el juez archiva la causa contra el actor, aunque acuerda seguirla contra su mujer, Micheline Roquebrune.
En la pieza principal, denominada Goldfinger, se encuentran implicadas 17 personas, entre ellos Muñoz, Roca, cinco exconcejales, dos abogados y varios asesores fiscales y financieros, a las que se acusa de fraude, delitos contra la ordenación del territorio, contra la Hacienda Pública, cohecho, y falsedad documental. A todos ellos se les pide una fianza de responsabilidad civil de más de 42 millones de euros.
