El Juzgado de Instrucción número 21 de València ha vuelto a archivar la causa que investigaba el accidente del metro de julio del 2006 en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. En diciembre del 2007, decretó un primer archivo que fue revocado siete años más tarde por la Audiencia Provincial. La asociación de víctimas ya ha anunciado que volverá a recurrir y esperan que la fiscalía les apoye.

Rosa Garrote, la presidenta, admitió que esperaban esta resolución de la instructora. «No ha querido investigar más», lamentó. «Sabíamos que su actitud iba a ser esa, cerrar con las mismas conclusiones», resumió. No obstante, avanzó que el recurso que presentarán volverá a apuntar a los directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana por «su mala planificación» en la gestión de riesgos.

En el auto, la jueza asegura que la ausencia de un plan de prevención no tuvo relación con el accidente y afirma que se tomaban medidas suficientes. Insiste en el exceso de velocidad como única causa de la tragedia y da por probado que la unidad siniestrada no tuvo problemas de frenos días antes del accidente, una posibilidad que fue clave en la reapertura y que asegura que se trató de «una información errónea que un diario atribuía a una fuente sindical».

Tampoco encuentra relación entre los tres descarrilamientos previos de esa unidad y el ocurrido en el 2006. Como ya defendió en su día, corrobora que «la no colocación de una baliza», aunque esta podría haber evitado el accidente, «no suponía un incumplimiento de seguridad laboral» y recalca que nadie la reclamó. «No existe el más mínimo indicio de que algún elemento de la infraestructura pudiera haber supuesto una causa o factor influyente en el accidente», apunta.

La jueza da por hecho que, aunque las ventanas de los vagones no hubiesen sido cambiadas, no se habría evitado la tragedia, pues las originales también sobresalían del marco de la caja y se habrían desprendido. Incluso resta importancia a que desapareciera el libro de averías de la unidad afectada. «Lo decisivo, desde la perspectiva penal, es si las medidas de seguridad existentes cumplían con los estándares de seguridad del sector», afirma la instructora, que lo da por hecho. Remarca que el incremento de las medidas de seguridad a posteriori «no puede equivaler, en el ámbito penal, a que la situación previa pueda considerarse sospechosa de criminalidad». Pese a todo, las víctimas confían en que la Audiencia Provincial quiera seguir investigando.