El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto que permitirá que, a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la duración mínima de los contratos de alquiler pase de tres a cinco años -y siete años si el arrendador es una empresa-. Se trata de una de las principales demandas de los inquilinos para lograr cierta estabilidad en su vida y de las plataformas antidesahucios. La normativa no contempla otro de los acuerdos alcanzados con Podemos e incluido en el pacto presupuestario: que los ayuntamientos puedan poner un tope a los precios en aquellas zonas de sus ciudades con alquileres disparatados. Es una de las reivindicaciones de Ada Colau, que han asumido los denominados ayuntamientos del cambio y que Unidos Podemos presionó para que el Gobierno se comprometiera por escrito a llevarla a cabo.
El Ejecutivo argumenta que necesita tiempo para recabar datos estadísticos sobre las zonas más «tensionadas», y para dar con la metodología adecuada para contener los precios, por eso afirma que las medidas más intervencionistas se incluirán en una ley posterior o en la tramitación del decreto como proyecto de ley. «Esto no contempla toda la política de vivienda, solo las medidas urgentes y de absoluta necesidad», argumentó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
El decreto modifica cinco normas, entre ellas la ley de arrendamiento urbanos para volver a la situación previa al Gobierno del PP y que los contratos duren un mínimo de cinco años (sin efecto sobre los que ya están en vigor). Si el propietario es una empresa podrían alargarse hasta siete años, con un plazo de prórroga de uno a tres años una vez trascurrido el periodo de prórroga obligatoria.
De esta forma, se da más seguridad tanto al inquilino como al arrendador, si es que su deseo es tener una renta garantizada y continua. Además, se limita a un máximo de dos mensualidades la fianza que se puede exigir, se facilita la mejora de la vivienda en el transcurso del mismo contrato y sin esperar al vencimiento y se establece que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato corran a cargo del propietario si es una persona jurídica.
COTO A LOS PISOS TURÍSTICOS
Asimismo, se exime del pago del impuesto sobre trasmisiones patrimoniales y actos documentados en el arrendamiento de vivienda para uso estable y se da más posibilidades a las comunidades de propietarios para poner coto a los pisos turísticos, uno de los motivos de los incrementos de precios y de la falta de oferta en las grandes ciudades. Bastará con que tres quintas partes de una comunidad de vecinos rechacen su implantación para que esta prospere. Por último, se introducen medidas para la accesibilidad de los edificios.
Por el contrario, el decreto no incluye acciones en contra de los pisos vacíos, pero obliga al Gobierno a continuar aprobando medidas para fomentar el alquiler, como el plan para la construcción de 20.000 viviendas a precios limitados en el plazo de 4 a 6 años.
Que los deberes se dejen más adelante no ha satisfecho a Podemos, que acusó al Gobierno de «incumplir» la parte del acuerdo que plasma negro sobre blanco que se facilitará que los «ayuntamientos y comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular y limitar las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas tensionadas». Si bien, se especifica que esta medida se desarrollará «a lo largo de 2019», por lo que el Ejecutivo sí que considera que está cumpliendo con su parte.
Por el contrario, la portavoz de Unidos Podemos Lucía Martín acusó al Gabinete de Pedro Sánchez de «arrodillarse ante los fondos buitre» y, en declaraciones a EL PERIÓDICO, «exigió que se apruebe vía real decreto, ya sea en este u en otro posterior las medidas de contención de los precios, puesto que los proyectos de ley son sistemáticamente bloqueados por PP y Cs en el Congreso». Aun así, no amenazó al Ejecutivo con votar en contra de la convalidación del decreto, ya que se mostró «esperanzada» en que Ábalos «rectifique» y, dado que la mesa de trabajo técnico sobre vivienda sigue en funcionamiento, esta «dé sus frutos».
