El presidente del BBVA, Francisco González, reclamó ayer una regulación específica que fije un «marco de responsabilidad» para los proveedores digitales respecto al mal uso de sus servicios, después de lo ocurrido con la filtración de datos por parte de Facebook. González consideró que esa normativa debe dar «a las personas más derechos y control sobre sus datos». «Debe ser una regulación que englobe a todos los países y a todas las industrias, incluyendo, claro está, la financiera», agregó.

González, que participó en la presentación del décimo libro de la colección anual que el BBVA publica dentro del proyecto OpenMind, incidió en que la revolución digital trae nuevos riesgos, de los que «el más importante, por ser mucho más general, es el mal uso de la propiedad intelectual y los datos de los clientes». En su opinión, «la clave es operar siempre con proveedores de confianza».

«Los bancos contamos ahora mismo con una gran ventaja sobre los gigantes digitales: estamos acostumbrados a trabajar en entornos regulados y tenemos mucha experiencia en cuidar la privacidad y la seguridad de los datos de nuestros clientes», añadió el máximo responsable del BBVA. González consideró que, ante los nuevos cambios que se están produciendo, no existen «referencias ni recetas para actuar», lo que produce «incertidumbre e, incluso, temor», si bien la sociedad está a las puertas de «una fase de alto crecimiento y mejora del bienestar con nuevos y mejores empleos».

En la presentación del volumen, llamado La era de la perplejidad. Repensar el mundo que conocíamos, el primer ejecutivo del BBVA estuvo acompañado por la fundadora y consejera delegada de Clarity, Rebeca Minguela, y de dos de los autores del libro: el investigador de la Brookings Institution Zia Qureshi y la profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Georgetown Diana Owen.

Minguela recordó que «los servicios financieros aportan buena parte de la recaudación total de impuestos en Europa, mientras que tecnológicas como Google, Amazon o Apple apenas pagan impuestos, al menos ahora y hasta que entre en vigor la nueva regulación fiscal que quiere implantar la UE». «Si esas tecnológicas se quedan con parte del negocio de los bancos, puede haber un impacto también en el estado de bienestar en Europa», agregó.