La región del Lacio (Roma) ha convocado unas oposiciones para médicos favorables, si hay demanda, a practicar abortos. La decisión persigue cubrir las plazas de los médicos objetores de conciencia, que en Italia alcanzan el 70% de los facultativos (más del 90% en algunas autonomías), frente al 6%-7% de los países europeos. Los dos primeros candidatos ya han sido contratados y se ha levantado una polvareda en la que se mezclan médicos, iglesia y políticos.

El colegio de médicos de Roma ha instado a la región a retirar la decisión porque la considera «discriminatoria». «Unas oposiciones solo para no objetores de conciencia tiene un significado discriminatorio hacia quien ejerce un derecho sancionado por la bioética y la deontología médica», ha escrito en un comunicado. Giuseppe Lavra, de la agrupación, argumenta que «no consta que los servicios de Ivg (interrupción voluntaria del embarazo) no hayan sido asegurados», obviando el hecho de que, a falta de estructuras públicas disponibles, las mujeres se dirigen a las clínicas privadas o a prácticas de aborto clandestino.

Por su parte, la región aduce que se trata «de un procedimiento regular». «No hemos pedido médicos abortistas», ha replicado el presidente autonómico, Nicola Zingaretti, sino «poder aplicar la ley que permite el aborto». Zingaretti ha subrayado que «en el texto (del concurso público) no hay, entre los requisitos previstos, ninguna referencia a la objeción de conciencia, sino una indicación específica sobre los servicios a prestar», entre los cuales se encuentra el aborto.

Las oposiciones fueron convocadas en el 2015 y en el 2016. Una disposición del Lacio puso en marcha medidas para buscar en otros hospitales médicos no objetores cuando fueran necesarios. «Me sorprende que el colegio de médicos no conozca unas actas que se remontan al 2015, ni tampoco que los (primeros) dos médicos contratados estén inscritos en su colegio», ha dicho Zingaretti.

El gobernador del Lacio ha subrayado que no quería «desencadenar ninguna guerra de religión, sino solo garantizar un derecho», razón por la que «el concurso no excluye a los médicos objetores de conciencia, sino que ilustra claramente cuál es la función a desarrollar cuando se es contratado». En la región de la capital italiana ocho de cada diez médicos son objetores.

El cardenal Camillo Ruini, expresidente de los obispos italianos, ha comentado que la decisión de la región «es una presión abortista respecto a la letra y espíritu de la ley». El cardenal arguye que la finalidad de la norma «no es conducir a quien lo desea a abortar o a abrir una posibilidad en tal sentido, sino que apunta a ayudar a no abortar, a prevenir».

Hacer cumplir la ley

La ley que permite el aborto en Italia había previsto, en función preventiva, la creación de consultorios informativos sobre contracepción. Sin embargo, la mayoría de los pocos que surgieron fue por iniciativa de las mujeres del entonces Partido Comunista (y no por parte de los católicos.

Emma Bonino, excomisaria de la UE y exministra de Exteriores de Roma, ha comentado que «la ley (sobre el aborto) es muy clara y las instituciones tienen que aplicarla y garantizar el servicio, mientras que sabemos que en muchas regiones no es así precisamente por el abuso de la objeción de conciencia». Ha añadido que más allá de la conciencia personal de cada persona, «el deber del Estado es hacer cumplir las leyes». «Sencillamente, aplicar la ley», insiste Bonino.

Cada año mueren en el mundo, según datos de Naciones Unidas, alrededor de 50.000 mujeres a causa de abortos clandestinos, y otros 8,5 millones sufren consecuencias para su salud. En total, se practican en el mundo 41 millones de abortos anuales, la mitad de los cuales, en condiciones inseguras para las mujeres o de forma ilegal.