Miles de canarios se manifestaron ayer para rechazar los sondeos exploratorios en busca de petróleo que Repsol planea realizar en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. Las protestas tuvieron lugar en todas las islas del archipiélago, incluida La Graciosa, y también fueron secundadas en lugares como Palma, Madrid o Bilbao.
Bajo el lema "Canarias, una sola voz", las manifestaciones estaban convocadas por organizaciones sociales, ecologistas y sindicales, así como por partidos políticos. Las más multitudinarias fueron las de Arrecife y Puerto del Rosario.
Encabezando la manifestación celebrada en Santa Cruz de Tenerife, portavoces de diferentes colectivos ciudadanos dijeron estar "gratamente sorprendidos" por el "altísimo" número de personas que se sumaron a las protesta, que esperan sirva para que el Gobierno de España "dé marcha atrás y no autorice las prospecciones que se prevén realizar a finales de año".
Además, exigieron al Ejecutivo de Rajoy que autorice la celebración de una consulta en las islas, tal y como ha demandado el Gobierno autonómico (Coalición Canaria y PSOE), contrario a los sondeos, ya que "solo así se podrá conocer la auténtica opinión de los canarios respecto al petróleo", afirmaron.
Todas las marchas terminaron con la lectura de un manifiesto común en el que se pedía la retirada de la declaración de impacto ambiental aprobada por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente la semana pasada al entender que "no cumple el más mínimo rigor científico y técnico" y que "no atiende a las miles de alegaciones presentadas". En las acciones de protesta también participaron miembros del Gobierno de Canarias, como el presidente Paulino Rivero, que estuvo en la manifestación de La Graciosa, o el vicepresidente José Miguel Pérez, que fue a una concentración en Madrid frente al Ministerio de Medio Ambiente.
RECURSO DE LA XUNTA
Por su parte, la Xunta de Galicia formalizó ayer ante el Tribunal Supremo el recurso contra la sentencia por el accidente del petrolero Prestige, en la que el capitán del buque siniestrado, Apostolos Mangouras, fue condenado a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia. El Gobierno gallego reclama 3.000 millones en indemnizaciones, pues considera que Mangouras incurrió en un delito "contra los recursos naturales", otro por "daños por imprudencia grave" y un tercero de "desobediencia a la autoridad marítima española". Y reclama que la sentencia sea anulada y la aplicación de varios convenios internacionales vinculados a dichos delitos.
