El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, afirmó ayer que redoblarán los esfuerzos para celebrar una consulta popular con el fin de que sean los ciudadanos del archipiélago los que digan si quieren o no que se lleven a cabo las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago.

Rivero realizó este anuncio tras la celebración de una reunión extraordinaria del Gobierno canario, una semana después de que el Ministerio de Industria diera el visto bueno a la petición de Repsol para llevar a cabo unas perforaciones con el fin de intentar encontrar yacimientos de hidrocarburos en aguas de Fuerteventura y Lanzarote. En febrero, Rivero ya avanzó su intención de impulsar una ley de consultas propia para someter los sondeos a un referendo, a lo que el titular de Industria, José Manuel Soria, replicó que respetaría cualquier iniciativa autonómica "siempre y cuando estén en el ámbito de sus competencias", en alusión a la ilegalidad de la consulta.

Actualmente, los trámites de la ley de participación ciudadana que promueve el Gobierno canario cuentan con un decreto publicado, mientras que hay un segundo decreto que está pendiente de un informe consultivo y que se espera poder aprobar en octubre, cuando se reanude la actividad parlamentaria. Su entrada en vigor permitiría desarrollar la estructura necesaria para llevar a cabo la consulta. Rivero explicó que pedirá al Parlamento canario que habilite la primera semana de septiembre para que el pleno de la Cámara se pronuncie sobre las perforaciones y fije la fecha de celebración del referéndum.

El presidente canario recordó que, además de las instituciones del archipiélago, los ciudadanos de las islas también se han mostrado "en contra del petróleo", al considerar esa actividad "incompatible" con el turismo, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura, donde más del 50% del PIB depende de esa actividad económica, así como por el hecho de que toda el agua que se consume en esas islas procede de desaladoras del mar. "Cualquier incidente puede arruinar la vida de las islas", advirtió.

El presidente canario consideró que la autorización del Ministerio de Industria "es un claro desprecio a las instituciones y al pueblo canario", y pidió al Gobierno de Rajoy que adopte con Canarias el mismo compromiso que ofreció a Baleares: al mínimo indicio de riesgo se suspendarán las prospecciones.