Después de que Canadá haya decidido regular el consumo integral de la marihuana, el primer país del G-7 en hacerlo, la pregunta que surge es: ¿está España preparada para seguir sus pasos? Pues poco a poco, como el humo de un porro que se cuela por las rendijas de una puerta, en el arco parlamentario aumentan los partidarios del aperturismo y, al hilo del empuje internacional, el debate sobre la legalización de la hierba psicotrópica más famosa del mundo se abre paso, eso sí, con un final incierto y con posturas a favor y en contra que, por ahora, parecen realmente irreconciliables.

En España está permitido el cultivo para consumo propio, que se puede efectuar en los hogares o en los clubs de fumadores, pero es tan sencillo adquirir marihuana o sus derivados que se trata del cuarto país de la UE con mayor tasa de consumo.

Según la última macroencuesta de Sanidad, el 7,3% de la población, unos 2,2 millones de personas, confesaban en el 2016 haber fumado porros en el último mes, casi un punto más que en el 2013. Y un 2,1% los consume a diario, siendo la droga ilegal más habitual entre los adolescentes, que es lo que más preocupa a las autoridades debido a sus efectos perjudiciales para la salud, que reconocen incluso los partidarios del abolicionismo. De hecho, a muchos, la razón principal que les mueve para defender la despenalización es precisamente reducir el consumo.

DATOS CONTRADICTORIOS

Pero, ¿permitir el libre cultivo, la venta y fumar maría o hachís -o comerlos en sus múltiples preparados- reduce el consumo? Pues hay datos contradictorios que blanden los incondicionales y opositores a favor y en contra. Por ejemplo, en California, uno de los nueve territorios de Estados Unidos donde hay barra libre de cannabis, ha descendido un 4% el consumo entre los jóvenes en tres años. Sin embargo, en Colorado, otro de los estados aperturistas, ha aumentado entre la población general y ha disminuido entre los adolescentes. Además en países como Estados Unidos, Canadá u Holanda, un médico puede prescribir cannabis para uso terapéutico y en estos lugares está demostrado que no aumenta el consumo de porros.

Ante la disparidad de datos, el PSOE apuesta por crear una subcomisión, en el seno de la comisión mixta del Congreso y Senado sobre drogas, donde se analicen «los pros y los contras» de una regulación integral. Según explica su portavoz parlamentario de Sanidad, Jesús María Fernández, se trata de un tema tan «complejo» y con tantas «derivadas» que no se puede dar un sí o un no sin una reflexión profunda.

Y es que en el panorama internacional, las opciones son variadas, desde los países que permiten un consumo de medicamentos que contienen cannabis hasta los modelos donde se ha autorizado el uso recreativo, con regulaciones normalmente similares a las del alcohol o el tabaco. El PSOE no cierra, por tanto, la puerta a la despenalización completa si en dicha comisión se concluye, con los ejemplos comparados, que favorece la reducción del consumo.

CIUDADANOS, USO TERAPÉUTICO / Un paso más allá va Ciudadanos, que en su programa aborda directamente la necesidad de cambiar el marco regulatorio, con la intención de respetar la libertad individual y reducir los riesgos para la salud. «El simple debate sobre si regular o no el cannabis ayudaría a reducir» el número de fumadores, opina su portavoz, Francisco Igea. Por ello, el partido naranja dice «no tener miedo» a que se debata cómo despenalizar la marihuana, pero sin «frivolizar, con la idea de llevar a cabo una política de salud responsable y no cometer los mismos errores que cuando se legalizó el alcohol o el tabaco».

Ciudadanos, de hecho, reclamó en el Congreso permitir el uso terapéutico, siguiendo la estela de Holanda, Alemania o Italia. La corriente internacional ha provocado que hasta la ONU haya dado el visto bueno. En España se comercializan ya varios medicamentos que contienen cannabis, por sus propiedades calmantes, pero a precios elevadísimos y sujetos a grandes limitaciones que, según Ciudadanos, conviene eliminar.

Y, a rebufo del caso canadiense, Podemos organizó recientemente en el Congreso unas jornadas, en las que participaron diversos catedráticos, a favor de la despenalización completa. Pablo Iglesias quiere hacer de este tema uno de sus caballos de batalla y va más allá que el resto de partidos al defender sin tapujos que España se convierta en el primer país de la UE que permite un consumo lúdico por los «grandes beneficios» que la regulación traería al país, así como el descenso de la criminalidad asociada.

LEGALIZACIÓN LÚDICA

Podemos propone un control estatal y que los beneficios, vía impuestos, se destinen a mejorar los servicios públicos y al desarrollo de programas de prevención. Asimismo propugna el autocultivo o la plantación por parte de pequeñas y medianas explotaciones, para evitar el «oligopolio». Según los cálculos de Iván Ayala, profesor de economía y asesor de Iglesias, teniendo en cuenta un precio medio de 10 euros el gramo y el 51% de impuestos indirectos, el Estado podría obtener 1,4 millones de euros como mínimo. Y las previsiones se han quedado cortas en todos los países con permisividad total.

El partido morado presentará una proposición de ley a favor de la regulación integral a principios del año próximo, que obligará a posicionarse a todos los partidos. Según el sondeo efectuado por EL PERIÓDICO, tiene posibilidades de ser admitida a trámite, dado que solo el PP se opone con rotundidad. Su portavoz en la materia, el senador y médico Jesús Aguirre, considera que «cuanto mayor es la accesibilidad, menor la percepción de riesgo y mayor el consumo», por eso su partido rechaza incluso regular el uso terapéutico, que considera una «falacia».

ERC también es abolicionista, mientras que el PDECat apoya el uso médico y que se permita a la Generalitat regular los clubs de fumadores. Y el PNV dice no «tener miedo al debate» pero siempre que esté destinado a aminorar su presencia. El debate está, por tanto, servido.