Estamos rodeados. Una de las consecuencias del paulatino agotamiento de los yacimientos de hidrocarburos es la constante búsqueda de nuevos pozos. Una dependencia energética que empieza a afectar a nuestras propias costas y que ha motivado que el Gobierno tenga ahora mismo sobre la mesa varias peticiones para llevar a cabo prospecciones en el Mediterráneo con el fin de hallar oro negro. Uno de los proyectos que más afecta a Cataluña es el denominado Nordeste, impulsado por la empresa Capricorn Spain Limited (sucursal de la escocesa Cairn Energy), cuyo área de prospecciones abarca una superficie de más de un millón de hectáreas de litoral catalán, con una distancia de la costa que a veces es de solo 30 kilómetros.
Esta exploración se superpone a otra petición presentada por la compañía Spectrum Geo Limited, que investigar el fondo submarino al norte y este de Mallorca y Menorca, así como las aguas situadas frente a las costas catalanas y que ha desencadenado una ola de protestas. El archipiélago balear también se ve afectado por otro proyecto de Capricorn Spain Limited para investigar el subsuelo en el golfo de Valencia, cuyo vértice más próximo a las islas se sitúa a unos 28 kilómetros de Ibiza y a unos 11 de la reserva marina de las islas Columbretes. Otro de los permisos es el que ha pedido Repsol en Tarragona, con el fin de ampliar los pozos de explotación de la plataforma Casablanca.
Bombardeos acústicos
Si finalmente reciben el visto bueno, estas investigaciones se llevarán a cabo mediante prospecciones sísmicas. Un sistema de exploración que consiste en barcos que arrastran racimos de potentes cañones de aire comprimido (pueden llevar hasta 20), que generan constantes explosiones sonoras de hasta 260 decibelios. Las ondas acústicas que emiten son recogidas por unos aparatos que las decodifican, tras rebotar en el fondo marino, y dibujan un mapa del subsuelo.
Los ecologistas y los pescadores consideran que la contaminación acústica provocada por las prospecciones dañaría los ecosistemas marinos, ya que causa una gran mortandad de huevos, larvas y embriones, así como lesiones a los peces adultos. Además, sostienen que las explosiones modifican el comportamiento de los animales y provocan su huida del área afectada. La oposición a estos proyectos se ha aglutinado en plataformas como Paremos las prospecciones (Cataluña), Alianza Mar Azul (Baleares) y Columbretes limpias (Valencia), y se ha plasmado en mociones de rechazo en numerosos ayuntamientos.
Sus temores se han visto confirmados por un informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO), dependiente del Ministerio de Economía, que en el 2012 advirtió al Gobierno de que los sondeos sísmicos pueden tener "afectaciones potenciales" en la reserva marina de las Columbretes y en los caladeros de Castellón. El informe, dado a conocer este fin de semana por el diputado Ricardo Sixto (Izquierda Plural), recuerda que hay estudios que concluyen que los efectos nocivos sobre los cetáceos han ocurrido en algunos casos a distancias "de cientos de kilómetros de la fuente de sonido" y que el descenso de las capturas de pescado ha llegado a ser de un promedio del 50%.
El IEO recomienda al Ejecutivo que se rija "por un principio de precaución" y que lleve a cabo un estudio de impacto ambiental, en el que también se incluyan "los impactos potenciales que se podrían derivar en la zona" si finalmente se hallan hidrocarburos y se procede a su explotación.
Canarias vive también un enconado debate, debido a los nueve permisos de exploración solicitados por Repsol para buscar petróleo a tan solo 10 kilómetros de las costas de Fuerteventura y a una veintena de las de Lanzarote. A diferencias de los otros estudios, aquí se llevarán a cabo mediante perforaciones, pues la compañía cree que existen formaciones geológicas aptas para contener hidrocarburos.
