La situación no podía ser más simbólica y sugerente: en vísperas del 89º cumpleaños de Augusto Pinochet el Gobierno chileno anunció la ampliación de la cárcel donde se alojarán los nuevos condenados por violaciones de los derechos humanos. A medida que se cierra el círculo alrededor del dictador los tribunales se enfrentan con un problema de espacio: dónde ubicar a los involucrados en las más de 300 causas, de las cuales unas 150 afectan a militares.

Los hechos se precipitaron en las últimas semanas y no hubo forma de frenarlos. Lo primero que sucedió fue el conocimiento parcial del informe de la Comisión Nacional sobre la Tortura, que incluye testimonios escalofriantes de unas 30.000 víctimas del régimen de Pinochet.

El Ejército, anticipándose también a la divulgación del informe, formuló una inédita autocrítica por su papel en la represión ilegal. Pero no sólo eso: dio a entender que los responsables de aquellos delitos no podían seguir siendo protegidos eternamente.

Pocos días después, llegó un histórico pronunciamiento del Tribunal Supremo. La máxima autoridad judicial consideró que la ley de amnistía que Pinochet hizo a su imagen y semejanza en 1978 no es aplicable para los casos de "secuestro calificado". Con su dictamen, los jueces dieron luz verde para que se aceleren las causas pendientes.

Y allí surgió el problema práctico de alojamiento en caso de que empezaran las condenas en serie. El Gobierno resolvió entonces ampliar la cárcel de Punta Peuco. Y mientras se realizan esas tareas de construcción, los nuevos sentenciados serán encerrados en el Comando de Telecomunicaciones de la comuna de Peñalolén.

No será una ´prisión VIP´

El lugar elegido no puede tener mayor peso en la historia reciente de Chile. Fue desde allí que Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, dirigió el golpe de Estado contra Salvador Allende. En esa unidad militar también se torturó y detuvo a los opositores. Peñalolén cuenta con cabañas, una piscina, canchas de tenis y televisión por satélite. Para evitar malentendidos, el presidente Ricardo Lagos afirmó ayer que Peñalolén no se convertirá en una suerte de prisión VIP .

Por si hiciera falta, el director de la Gendarmería, Juan Carlos Pérez, aseguró que "esto no será un resort". En los próximos días, explicó, la piscina dejará de funcionar, se aumentarán las cámaras y se prohibirán los móviles.