El exbarón del PP de Castellón Carlos Fabra deberá dar cuenta de nuevo ante la justicia sobre sus actuaciones durante su etapa como presidente de la Diputación provincial. Así lo ha acordado el titular del juzgado de instrucción número 4 de Castellón, que ha imputado a Fabra por un presunto delito de prevaricación en el marco de una causa que indaga sobre las posibles irregularidades en la gestión de una corrida de toros promovida por la Diputación de Castellón durante su presidencia.
El juzgado ha abierto diligencias previas como consecuencia de una querella presentada por la Fiscalía contra Fabra y el exvicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, para ver si hubo prevaricación en la gestión de los fondos públicos de la denominada 'Corrida de la Benificencia'. Martínez, que está imputado por el mismo motivo, sustituyó a Fabra temporalmente en sus funciones como consecuencia de la enfermedad de la que se vio aquejada el entonces presidente de la Diputación. Ambos están citados a declarar el día 17 de marzo.
En concreto, la investigación pone cuestión el método ideado por Fabra para "recaudar" dinero de los ayuntamientos de la provincia de Castellón, y denunciado con anterioridad por algunos alcaldes. Las entradas del "evento benéfico" se enviaban directamente a los ayuntamientos y, con posterioridad, se les descontaba el importe de las mismas del cobro de tributos.
Condena a la diputación
Este ya fue investigado por la Fiscalía y en junio del 2013 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) condenó a la Diputación de Castellón a abonar al Ayuntamiento de Vila-real los 19.850 euros cobrados por unas entradas que nunca compraron. La sentencia observó "indicios" de un "ilícito penal" en la actuación de la Diputación "por malversación de caudales público y/o por prevaricación".
Según ha detallado este miércoles en un comunicado el portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón, Enric Nomdedéu, la Diputación "destinó al pago de entradas de la Beneficencia dinero consignado a obras y servicios de pequeños municipios de los Planes de Obras y Servicios de la institución provincial, departamento dirigido por el hasta ahora vicepresidente, Francisco Martínez".
El dirigente popular está condenado a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública en el 'caso Naranjax', aunque fue absuelto de cohecho y tráfico de influencias en el marco de la investigación.
