El juicio contra Joaquim Benítez, el profesor de Educación física que abusó durante décadas de alumnos del colegio marista de Sants-Les Corts de Barcelona, tal vez no llegue a celebrarse. Todas las partes implicadas en el proceso judicial han confirmado que se está debatiendo seriamente un pacto y que los contactos pueden prolongarse hasta el mismo día en que se inicie la vista, es decir, mañana lunes. Las prescripciones han impedido que la justicia pueda sentar en el banquillo a más implicados en el caso Maristas.

El acuerdo supondría rebajar en algunos años la condena al pederasta Benítez, que se enfrenta a una petición del fiscal de 22 años de cárcel. Si hay pacto, descenderían hasta situarse alrededor de los 15 años. Evitar la celebración de un juicio convencional no significaría renunciar a la declaración de Benítez. Las acusaciones particulares tienen interés en preservarla, de modo que el profesor dé su versión acerca de si existió o no encubrimiento por parte de la institución de los maristas.

Benítez ya afirmó que los responsables del colegio sabían que él tenía «este problema». En otra conversación con Manuel Barbero, padre de una víctima e impulsor del caso Maristas, Benítez se comprometió a decir toda la verdad acerca del grado de conocimiento que tenía la escuela sobre sus abusos. No es una cuestión menor: al contrario de las presentadas por las cuatro víctimas que han llevado a juicio a Benítez, el resto de denuncias contra él -otras 13 en total- están prescritas, no forman parte del proceso. Según el pederasta confeso, una familia se quejó de sus abusos alrededor de 1990 y él admitió los hechos en la escuela: «Los Maristas sí conocían esta debilidad».

Si la rebaja de la pena de cárcel no implicaría un problema para alcanzar el pacto, las indemnizaciones tal vez sí lo sean. Por dos motivos: existen discrepancias sobre la cantidad más justa y Benítez se declarará insolvente para pagarla. Este segundo punto deja la posibilidad de zanjar el pacto en manos del responsable subsidiario, la Fundación Champagnat -dueña del colegio concertado-, o de su aseguradora. De lograrse el acuerdo, finalizaría así el caso Benítez. El caso Maristas, en realidad, habrá pasado fugazmente para la justicia española.

Tras la noticia de Barbero, El Periódico de Catalunya localizó a Benítez, desaparecido desde que en el 2011 otra familia se quejó de sus abusos a la dirección del centro y esta lo invitó a marcharse, y en la primera entrevista confesó que el hijo de Barbero decía la verdad. Durante los dos meses siguientes, aparecieron decenas de víctimas que revelaron abusos perpetrados por una docena de profesores, la mayoría hermanos religiosos maristas. El balance final fue de 43 denuncias contra docentes de los colegios de Sants-Les Corts y la Inmaculada, en Barcelona, y del Champagnat de Badalona. Tres de los docentes acusados de pederastia -entre ellos Benítez- confesaron sus abusos. Afloró de este modo una trama de ocultación de la pederastia por parte de la institución marista. La misma que ahora emerge en el seno de los jesuitas, los claretianos, los capuchinos o los benedictinos de la abadía de Montserrat. La misma que asoma en diócesis como la de Tarragona o Zaragoza. Sin embargo, la prescripción de los delitos sexuales continúa aliándose con los pederastas y con las organizaciones religiosas.