España sigue sin resolver dónde almacenar los residuos nucleares. Cada nueva decisión que se toma complica aún más la solución final. El bloqueo del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) está provocando una situación paradójica: casi todas las centrales se han visto obligadas a construir almacenes en sus propias instalaciones, lo que cuestiona la razón de ser del propio ATC. Si la centrales cierran al final de la vida útil para la que están programadas, es decir, a los 40 años, ya no sería necesario. Con los depósitos bastaría.
El cementerio nuclear debía empezar a funcionar este año, pero ni siquiera se han podido iniciar las obras. Una de las primeras decisiones de la primera legislatura de Mariano Rajoy fue ubicar el ATC en Villar de Cañas. No era el lugar preferido por los técnicos, pero la apuesta de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, inclinó la balanza.
La inestabilidad de los terrenos escogidos, fruto de una decisión precipitada, ha obligado a modificar el proyecto causando un retraso que ha sido aprovechado por el PSOE para bloquearlo. El sucesor de Cospedal en la Junta, Emiliano García Page, amplió en el 2015 la reserva natural de la Laguna del Hito a un área que incluye los terrenos donde debe levantarse el silo. Desde entonces no se ha podido mover ni una piedra.
CONFLICTO FRONTERIZO
La salida lógica a esta situación es que cada central tenga su propio almacén. Y así se está haciendo. El pasado diciembre, el Consejo de Ministros autorizó a la planta de Almaraz (Cáceres) a construir su propio Almacén Temporal Individualizado (ATI). La central tiene dos reactores. Las piscinas de combustible de ambos se hallan cerca del 90% de su capacidad y el año próximo podría empezar a llenarse.
La decisión tampoco es inocua. Ha provocado que el Gobierno portugués haya formulado una queja ante la Comisión Europea porque cree que España ha autorizado la instalación sin el preceptivo informe de impacto ambiental transfronterizo. El Ejecutivo español niega la mayor y ha dejado en manos de Bruselas la resolución del conflicto, que podría llegar incluso a paralizar la construcción del ATI.
Cofrentes (Valencia) será la siguiente en dar el paso. Sus responsables han anunciado que preparan la petición de licencia al Gobierno. Ascó cuenta con su propio depósito desde el 2013; Trillo (Guadalajara), desde el 2002, y en Garoña (Burgos) ya está en fase de construcción, porque será necesario tanto si reabre como si se acaba desmantelando.
Solo Vandellós 2 se está quedando al margen. Por el momento, lo único que estudia es una reconfiguración de los bastidores de la piscina para que puedan alojar más combustible.
¿SOLUCIÓN TEMPORAL?
El experto en energía nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, cree que en un horizonte razonable de cierre de las centrales, el cementerio de Villar de Cañas pierde ya todo el sentido porque su función la pueden asumir los ATI. Como su nombre indica, el ATC, ni siquiera debía ser el emplazamiento definitivo de los residuos. Está proyectado para durar 60 años, mientras se encuentra una solución más a largo plazo para los miles de años de actividad que mantiene la basura nuclear una vez el combustible se ha gastado.
Otra cuestión es que el PP quiera imponer el alargamiento de la vida de las nucleares más allá de los 40 años. Pero no le va a ser fácil salir del pantano jurídico y competencial que le enfrenta con la Junta de Castilla-La Mancha. Este mes de enero, el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente la ampliación de la zona de protección natural que afecta al silo nuclear en un auto en el que dice que «la seguridad nuclear debe prevalecer» frente a los intereses medioambientales. Solo es una resolución provisional hasta que se resuelva el fondo del asunto y porque el Ejecutivo de García Page también paralizó el plan urbanístico de Villar de Cañas que incluía el silo.
