Escondidas en el interior de pisos particulares, en locales con la apariencia de dedicarse a otro negocio y sin ningún tipo de tutela legal operaron durante años seis clínicas médicas clandestinas regentadas por chinos que la Policía Nacional clausuró ayer en el barrio madrileño de Usera. Ocho personas fueron detenidas y otras dos imputadas con los cargos de intrusismo profesional y contra la salud pública, además de infracción a la ley de extranjería.

Ninguna clínica estaba inscrita en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid, requisito imprescindible para ejercer. Entre el material incautado por los investigadores se encontraron dos ecógrafos y dos aspiradores vaginales utilizados para practicar abortos clandestinos entre mujeres de la comunidad china. Las clínicas no solo se dedicaban a practicar abortos, sino que asistían todo tipo de dolencias y practicaban pequeñas intervenciones quirúrgicas. En las investigaciones han participado los consejos generales de los colegios de médicos y odontólogos, además de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.

A pesar de su ilegalidad, los centros se anunciaban en los medios de comunicación de la comunidad china de Madrid. Ninguno de los detenidos estaba inscrito en los colegios oficiales de médicos. Los centros carecían además de condiciones mínimas de higiene y seguridad.

Las investigaciones se iniciaron a partir de la denuncia de un ciudadano que fue víctima de una de estas clínicas. El hombre acudió a uno de los centros quejándose de dolencias estomacales. En la trastienda de lo que a simple vista parecía un herbolario, el hombre fue sometido a un examen y se le practicó un análisis de sangre. A los pocos días fue citado para entregarle el resultado de las pruebas. Le aseguraron que tenía una variante de la hepatitis y le recetaron un complejo tratamiento cuyo coste superó los 3.500 euros.

INFECCIÓN ESTOMACAL Las medicinas le provocaron un severo empeoramiento de la salud y tuvo que acudir al servicio de urgencias de un hospital donde le diagnosticaron una grave infección estomacal. Allí descubrió que las primeras analíticas fueron manipuladas para obligarle a seguir un costoso tratamiento. En cuanto se recuperó, el hombre presentó una denuncia en comisaría. Los investigadores descubrieron entonces que además del centro denunciado había otros cinco en los alrededores y que existía entre ellos una dura guerra comercial de precios para captar clientes. Los agentes certificaron el deplorable estado de las instalaciones y del material.

Las clínicas contaban con numerosos clientes chinos que por cuestiones culturales e incluso por desconocer el castellano preferían ser atendidos en estos centros. Lo que desconocían era su situación de ilegalidad y que en ocasiones eran engañados para encarecer unos tratamientos para falsas dolencias. Los investigadores se incautaron de numeroso instrumental médico y 148.000 pastillas.