El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) examina el próximo jueves un informe en el que tacha de inconstitucionales algunos puntos de la ley de seguridad ciudadana. El dictamen es preceptivo, pero no vinculante, y recomienda algunas mejoras para adaptarlas a la Carta Magna. Por ejemplo, rechaza que se pueda detener a personas por faltas penales o infracciones administrativas o que se pueda retener a ciudadanos si se niegan a ser identificados.
Este informe ha sido redactado por los vocales Wenceslao Olea y María Victoria Cinto. El dictamen considera que los términos de justificación "de la intervención de los poderes públicos" son excesivamente "amplios" por lo que recomienda adecuarlos "a los límites constitucionales de la seguridad ciudadana". Por ejemplo, sugiere que el deber de denuncia se debe limitar a "hechos que supongan una perturbación cierta" sin que "baste la mera sospecha o la posibilidad".
Además, los vocales sostienen que es desproporcionada la exigencia de denunciar el hurto o extravío del DNI "de manera inmediata" o tipificar su "pérdida reiterada como una falta". Asimismo, rechazan que se pueda denegar el pasaporte solo con una resolución de Interior. Y critican la facultad de las fuerzas de seguridad de identificar a personas cuando existan indicios de que han podido cometer una infracción o "se sospeche que puedan cometerla" así como la posibilidad de retener a estos ciudadanos si se niegan a entregar su documentación o no la llevan encima. El órgano critica que se tipifiquen las actuales faltas penales como infracciones administrativas porque será entonces la Administración la que impondrá la multa que para ser recurrida obligará al ciudadano a pagar tasas judiciales.
