Las infracciones de tráfico que causen lesiones necesitadas de tratamiento médico o quirúrgico (aunque no sean invalidantes) volverán a ser delito y este estará penado con una multa de tres a 12 meses. Así lo aprobó ayer la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados después de que la semana pasada las víctimas de accidentes de tráfico exigieran introducir este cambio en la reforma del Código Penal que ya estaba pactada. Una enmienda transaccional acordada por el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos permitió el cambio de última hora. Unidos Podemos, Compromís y ERC se abstuvieron.
La reforma penal es fruto de la campaña #PorUnaLeyJusta, liderada por Anna González, la viuda de un ciclista atropellado por un camión que ha aglutinado al mundo del ciclismo y a las asociaciones de víctimas DIA y Stop Accidentes. Una parte de sus reivindicaciones se veía satisfecha con los acuerdos alcanzados por los partidos, pero advirtieron que la reforma quedaba «devaluada» si no se incluían estas lesiones graves pero no invalidantes (las recogidas en el artículo 147.1 del Código Penal). Y el caso es que estas lesiones son las que se producen en el 90% de los accidentes.
Estas habían quedado fuera del Código Penal a raíz de la reforma del PP del 2015 que suprimió las faltas. Desde entonces, las víctimas han tenido que recurrir a la jurisdicción civil, donde carecen de la protección de la fiscalía y no pueden pedir, por ejemplo, informes forenses, quedando desprotegidas ante las todopoderosas aseguradoras.
Después de las quejas de las asociaciones -el exganador del Tour de Francia Perico Delgado llegó a hablar de una traición del PSOE a las víctimas-, los socialistas instaron a la suspensión de la votación que debía haberse celebrado el martes de la semana pasada y siete días después, su diputado Pablo Bellido se presentó con un texto, avalado por el Gobierno, que da satisfacción a la reivindicación introduciendo los accidentes con este tipo del lesiones dentro de las imprudencias menos graves.
La diputada de Ciudadanos Irene Rivera ya había manifestado su decisión de presentar una enmienda in voce en el mismo sentido, mientras que el diputado del PP, Óscar Gamazo, que la había presentado durante las discusiones previas, no opuso ningún obstáculo.
EL DELITO DE FUGA / Anna González reaccionó con enorme alegría tras conocer el desenlace final, no exenta de cierta amargura por haber tenido que dedicar tres años de su vida a «conseguir que se haya aprobado algo que era de cajón».
El resto del texto considera también delito la fuga del lugar del accidente con una pena de entre uno y cuatro años de cárcel, castigando «la maldad intrínseca de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido y la falta de solidaridad con las víctimas». También a petición de las víctimas, el delito de fuga será de aplicación con las lesiones que requieran tratamiento médico o quirúrgico.
La proposición también establece que la muerte de un ciclista o peatón si se ha lesionado de gravedad a otro pase a estar penado con hasta seis años de prisión en lugar de cuatro. Y hasta nueve años si se da una pluralidad de fallecidos.
En la última década, los vulnerables suman unos 10.000 fallecidos, de los cuales la mitad fueron motociclistas (casi 5.000), unos 4.200 fueron peatones y alrededor de 700 ciclistas.
