El mismo día en que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra comenzó a estudiar los recursos contra la sentencia de La manada, que desató una protesta ciudadana tal que el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, decidió resucitar la Sección de Penal de la Comisión de Codificación para encargarle la revisión de los delitos sexuales en el Código Penal, el ministerio, ahora dirigido por Dolores Delgado, convocó ayer a sus 28 miembros por primera vez desde el pasado 24 de mayo.

Los catedráticos, jueces, fiscales y abogados que la componen han sido citados para el próximo día 15, fecha en la que vence el plazo que, a través de los medios de comunicación, les concedió Delgado para emitir un dictamen. No obstante, al no haberse vuelto a reunir desde que se incorporaron mujeres, fuentes de la comisión señalaron que será imprescindible solicitar una prórroga para poder entregar un informe.

Consideran que aunque parten de un borrador, sobre el que Justicia les ha pedido total discreción para no interferir en su importante labor, la puesta en común de los distintos criterios de los miembros para elaborar un dictamen, que sea de la comisión en su conjunto, hará necesario pedir un aplazamiento de la fecha de entrega prevista en un principio. Sobre todo, al no haber vuelto a reunirse desde mayo ni tampoco haber mantenido contacto a través de correo electrónico.

Los únicos contactos de este tipo que han tenido los miembros de la comisión se produjeron en junio y se ciñeron a la subcomisión de seis miembros en los que el pleno de la Sección de Penal delegó un primer acercamiento a la reforma para facilitar el debate. El trabajo de este grupo quedó interrumpido con el cambio de Gobierno, que implicó la llegada a Justicia de la actual ministra y de su secretario de Estado, Manuel Dolz, quienes, a diferencia del equipo anterior, son juristas, porque ambos son fiscales.

Desde entonces, los miembros de la Sección de Penal designados para llevar a cabo el trabajo preliminar no han vuelto a intercambiarse propuestas. De ahí que en la comisión haya surgido la sospecha de que el encargo que habían recibido se ha diluido en la iniciativa legislativa del propio Ejecutivo o en el acuerdo de gobierno suscrito con Podemos, en el que se incluye una ley de protección integral de la libertad sexual y la erradicación de las violencias sobre la mujer.

En su ley, Podemos propone que todo sea considerado agresión con distinta graduación de las penas, para dejar de diferenciar entre las agresiones y los abusos, como ocurre en la legislación sueca, que está entre las estudiadas por los expertos. Así se conjuraría una de las principales críticas que recibió la sentencia de La manada, que condenó por abusos en lugar de por agresión, aunque las penas impuestas no fueran leves.

Esta opción también estará sobre la mesa de la comisión, porque es compartida por el sector de expertos partidarios de castigar los delitos sexuales cometidos en adultos de una forma similar a como ya se recogen los perpetrados a menores en el artículo 183 del Código Penal.