La Comisión de Libertades e Informática (CLI) ha pedido al Gobierno que deje sin efecto la norma que permite el acceso policial al padrón hasta que se pronuncie la dirección general de Mercado Interior de la Comisión Europea, el organismo ante el que este colectivo recurrió el cambio legislativo.
La CLI, patrocinada por los sindicatos UGT y CCOO y la Asociación Pro Derechos Humanos, considera que el Ejecutivo "está perdiendo una oportunidad para rectificar en el reglamento", según su presidente, Antoni Farriols.
El borrador del reglamento hecho público la semana pasada no incluye ni una referencia al empadronamiento. El Ministerio del Interior comunicó en su día que no hacía falta ningún desarrollo reglamentario para que la policía pudiera empezar a actuar, aunque hasta ahora no lo ha hecho.
La situación es más chocante, si cabe, porque uno de los requisitos de la futura regularización es haberse empadronado seis meses antes. Mientras, las autoridades políticas mantienen una ley que desincentiva el empadronamiento.
