Ante las inminentes elecciones generales que se celebrarán el 28 de abril, varios colectivos feministas reclamaron ayer a los partidos políticos reformas legales destinadas a abolir tanto la gestación subrogada como la prostitución. Frente a fuerzas como Ciudadanos, que aboga por regular la gestación subrogada o por legalizar la prostitución en España, sostienen que el «feminismo español es abolicionista» -mayoritariamente, porque algunos colectivos son discrepantes- y que ambas prácticas facilitan que la cultura patriarcal «se apropie» del cuerpo de las mujeres.

Por ello, No Somos Vasijas, la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres y Stop Vientres de Alquiler piden prohibir las agencias que ejercen de intermediarias entre las parejas que demandan la maternidad subrogada y las mujeres dispuestas a gestar para otros, en terceros países. Asimismo, solicitan que se anule la instrucción que permite inscribir a los bebés en España.

En cuanto a la prostitución, abogan por «sancionar» a los hombres que demandan estos servicios y por reforzar la legislación contra el «proxenetismo», con un aumento de las penas y de las sanciones por encima de los beneficios obtenidos.

Defienden incorporar al Código Penal penas privativas de libertad para quien facilite inmuebles (tercería locativa) u otros medios para el ejercicio de la prostitución y explotación sexual. Asimismo, piden hacer imperativo el cierre de locales y establecimiento donde se ejerce la prostitución y crear exenciones fiscales para los empleadores que contraten a personas que tengan acreditada la condición de víctima de la trata.

Estos colectivos feministas piden poner en marcha campañas contra la demanda de prostitución y garantizar la protección de la identidad de los testigos o peritos propuestos en los juicios.