El macrojuicio contra la industria tabaquera de EEUU comenzará hoy en un tribunal de Washington. Están en juego los 280.000 millones de dólares (230.000 millones de euros) que el Gobierno de ese país reclama a los fabricantes de cigarrillos por mentir sobre los riesgos del tabaco. El proceso judicial civil es consecuencia de una demanda interpuesta en 1999 por el Gobierno del entonces presidente de EEUU, Bill Clinton, contra las tabaqueras Philip Morris USA, RJ Reynolds, Liggett, Lorillard Tobacco y Brown and Williamson.
La demanda acusa a estas empresas de conspirar para engañar al público sobre los riesgos para la salud que conlleva fumar, y de impulsar campañas publicitarias presuntamente destinadas a promover el consumo de tabaco entre los adolescentes mediante dibujos animados. Estas acusaciones se plantearon en virtud de la ley especial contra el crimen organizado y organizaciones corruptas, llamada RICO (por sus siglas en inglés).
El juicio, en el tribunal de la juez Gladys Kessler, se celebra al margen de otra demanda antitabaco promovida por varios estados de EEUU y en la que se alcanzó un pacto en 1998 por el que las tabaqueras aportarán 246.000 millones de dólares para gastos de salud en 25 años.
ESCEPTICISMO Las organizaciones antitabaco se habían mostrado escépticas de que el Gobierno de George Bush llevara adelante la demanda. Sólo entre 1999 y el 2000, las tabaqueras entregaron al Partido Republicano 3,5 millones de dólares (2,87 millones de euros). Los demócratas recibieron 1,2 millones de dólares (980.000 euros). Además, el principal consejero político de Bush, Karl Rove, fue asesor de Philip Morris.
La industria tabaquera se defenderá con el argumento de que el Departamento de Justicia parece ignorar que fue el propio Gobierno el que "apoyó, participó y en ocasiones reguló parte de la conducta que ahora lamenta".
