Clarisa (nombre ficticio) es una de las miles de víctimas que, cada año, son engañadas para ser traídas a España a ejercer la prostitución. En su caso, un hombre de negocios rumano le ofreció trabajar de camarera en España pero, una vez aquí, fue explotada sexualmente gracias a agresiones físicas y amenazas contra ella y su familia. Ella se atrevió a denunciar, algo no muy frecuente, y la sentencia condenó al tratante a penas de seis años y medio de prisión y a pagar 65.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales y perjuicios sufridos por la víctima. Sin embargo, a día de hoy, Clarisa sólo ha llegado a cobrar 280 euros, pese a las graves vejaciones y la situación de casi esclavitud que sufrió.

No es el único caso. El consorcio Justice at Last, un proyecto financiado por la UE que tiene por objetivo mejorar el acceso a la compensación para las personas tratadas y las víctimas de delitos conexos y en el que España trabajan las oenegés Proyecto Esperanza y Sicar.cat, ha estudiado 60 casos de personas explotadas, sobre todo laboral o sexualmente, que han buscado un resarcimiento económico. De los casos en estudio, solo dos de cada tres sentencias reconoce dicha indemnización. Y, de manera «preocupante», según los investigadores, solo una cuarta parte han llegado a recibir la cantidad establecida de manera efectiva.

El motivo es que la mayoría de los tratantes se declaran insolventes, según explicó la fiscala delegada de extranjería de Barcelona, María Pilar Izaguerri, en una jornada destinada a estudiar este fenómeno. El integrante de la brigada central de trata de seres humanos de la Policía Nacional, Ismael Delmás, explicó que no es que no tengan patrimonio, sino que la mayoría de los tratantes tienen sus bienes en el extranjero y a nombre de otras personas, por lo que es difícil su persecución.