La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a tres policías nacionales al pago de multa y a penas que oscilan entre el año y los cuatro años y siete meses de prisión por diversos delitos, entre ellos, el de robar droga a traficantes aprovechándose de la información que les facilitaban confidentes. El tribunal absuelve a otros agentes al no considerar probada su participación en los hechos.
El principal condenado es David G.L, de 37 años, quien cumplirá cuatro años y siete meses de prisión, inhabilitación por el mismo tiempo de condena y pagará multas por valor de 1.880 euros. Los otros dos agentes acusados, Enrique G.L. y Joan Marc A.P. cumplirán cada uno de ellos un año de cárcel, dos de inhabilitación y abonarán 180 euros de multa.
La sentencia considera probado que el primero de ellos, oficial de Policía Nacional de la Comisaría de Trànsits, y los otros dos --del grupo III de la Udyco de Valencia y de la Unidad adscrita a la Comunitat Valenciana-- el 5 de abril de 2010 se acercaron a un domicilio de Valencia donde conocían por un confidente que su residente podía tener sustancias estupefacientes o dinero procedente de la venta de droga.
Tras identificarse como agentes, intentaron que les abriera y, ante su negativa a dejarles entrar sin autorización judicial, fue agredido por los tres agentes con empujones, puñetazos y patadas hasta que aparecieron vecinos y familiares. Los tres policías se fueron del lugar sin dar cuenta de lo sucedido a sus superiores ni registrar la actuación.
El 22 de abril de ese año, el grupo de Policía bajo la dirección de David G. detuvo a una persona por un presunto delito contra la salud pública y, según considera probado la sentencia, el oficial, en un descuido mientras se realizaba el registro domiciliario, se apoderó de una hucha de niño del hijo del detenido, que contenía 600 euros, y que escondió en una bolsa de fertilizantes.
El 5 de mayo, este mismo acusado supo por un confidente que una persona podía tener droga en su casa por lo que pidió a dos subordinados que le identificaran, momento en el que aprovechó para hacer una copia de las llaves de su casa. Un día después entró en la vivienda para robar junto con los otros dos acusados, aunque fueron sorprendidos por el dueño, ante quien pusieron la excusa de que la puerta estaba abierta y entraron para evitar un posible robo.
Ese mismo mes, el día 28, por otro confidente, el oficial supo que una persona podía estar traficando con droga, y consiguió que se concertara una compra de cocaína, momento en el que aprovechó para realizar su intervención y apoderarse de droga que guardó en su motocicleta. En ese momento, fue interceptado pro agentes de la Unidad de Asuntos Internos.
Rechaza la nulidad de escuchas
La sala ha rechazado las peticiones de nulidad alegadas por la defensa del oficial en relación a la identificación de los agentes acusados a raíz de unas diligencias de investigación telefónicas como consecuencia de un robo con violencia en un domicilio de Valencia en el que nada tuvo que ver ese agente. Para la sala, en este caso se cumplen todas las exigencias mínimas requeridas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El tribunal ha considerado probados los hechos por el reconocimiento parcial de algunas circunstancias por los acusados y por declaraciones de testigos y agentes que realizaron labores de vigilancia de los acusados. La sala destaca que, en este caso, los hechos pudieron desarrollarse de la forma en que se ha concretado porque los acusados se aprovecharon de su condición de policías ya que obtenían la condición de particulares o vencían su resistencia y usaban medios puestos a su disposición por el Estado como agentes de la ley.
De hecho, usaban coche oficial, la placa o la pistola reglamentaria que llegaron a exhibir. Además, por esta condición, tenían un conocimiento privilegiado de identidades de confidentes o compradores de droga y de sus proveedores o vendedores y lo utilizaron para drogarse contra ellos "procurándose así una actuación con más garantía de impunidad", al saber los acusados que los traficantes, según el informe de Asuntos Internos, descartan denunciar para no descubrir su actividad ilícita.
Según la sala, los tres se aprovechaban de su condición de policías para realizar delitos "constituyéndose en un grupo policial sui generis al margen de la oficialidad, sin conocimiento de sus superiores, perteneciendo cada uno de ellos a una unidad distinta".
