La Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas dio luz verde ayer al informe que sentará las bases de la futura ley del alcohol y que propone numerosas medidas para conseguir el «consumo cero» hasta los 18 años, como la de multar a los padres de los menores que beban, acabar con el botellón o la obligación de jóvenes a soplar si consumen en la calle. El informe salió adelante casi por unanimidad: 34 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones de ERC y PNV.
Su contenido, muy completo y exhaustivo, satisface a los expertos en la lucha contra la adicción al alcohol, pero su traducción en un ley queda en manos del Ministerio de Sanidad. Este se ha comprometido a tener tramitado el correspondiente proyecto de ley en el Congreso este año.
Ante las dudas que puedan surgir sobre la voluntad del ministerio, la diputada conservadora y presidenta de la comisión, Carmen Quintanilla, se mostró convencida de que «se hará eco y recogerá la totalidad del informe».
La parlamentaria popular aseguró que «la industria» apoya también el informe, pese a que algunos de sus portavoces mostraron discrepancias sobre las multas a los padres y la inserción de advertencias en el etiquetado sobre los efectos del alcohol en la salud. Su actitud es clave, ya que el lobi del alcohol torpedeó los cuatro intentos anteriores de limitar por ley el consumo. Dado el alto grado de acuerdo, apenas hubo debate. Ni siquiera sobre las enmiendas de última hora que Ciudadanos y los socialistas propusieron introducir en el texto y que salieron adelante. El partido naranja introdujo la creación de una licencia específica para todos aquellos establecimientos que quieran vender alcohol, la separación del alcohol del resto de productos en los supermercados y la obligatoriedad de derivar a los servicios psicosociales a los menores atendidos en hospitales por abusar de la bebida.
El PSOE garantizó en una de sus enmiendas una financiación suficiente para los planes que prevé el informe. Aunque también votó a favor del informe, Unidos Podemos mostró su discrepancia en el capítulo que prevé sancionar a los padres y anunció que votará en contra si se incluye en el proyecto de ley.
Quintanilla afirmó que el informe no fija sanciones para los padres, sino que recomienda que, en caso de que las contemple la futura ley, sean proporcionadas y equilibradas. Estas sanciones deberían tener «una clara orientación educativa», según declaró al referirse al apartado del régimen sancionador.
