El real decreto ley de los alquileres de vivienda será rechazado por el Congreso. Aunque la votación no se producirá hasta la tarde de este martes, PP, Ciudadanos, Podemos y ERC han confirmado ya que votarán en contra con lo que no será convalidado. Sólo el PDECat, PNV y Compromís apoyaran el texto.

Podemos ha justificado su voto negativo por la falta de una regulación de los precios pero no solo por esto. La portavoz de vivienda de la formación morada, Lucía Martín, ha reprochado al ministro de Fomento que solo introdujera en el decreto el alargamiento de tres a cinco años de la duración mínima de los contratos, dejando fuera, por ejemplo, que los alquileres no pudieran subir anualmente durante su vigencia por encima del IPC. Estos ha provocado, según la diputada de En Comú Podem, que muchos contratos firmados por fondos de inversión estos hayan impuesto en base al real decreto subidas abusivas.

Menos de un mes en vigor

La derrota del Ejecutivo, además de poner en evidencia una vez más su debilidad parlamentaria, convertirá en papel mojado el alargamento de tres a cinco de la duración mínima de los contratos y las limitaciones a las fianzas que incluye el decreto. No habrán estado ni un mes en vigor y solo afectará a los contratos firmados durante este periodo.

La propuesta de Podemos es que el Gobierno apruebe un nuevo decreto que, está vez sí, haya sido consensuado con Unidos Podemos. Martín ha señalado que en la negociación de última hora para intentar salvar el decreto el Gobierno la posiciones se han acercado más que en los últimos meses.

El Ejecutivo no parece estar por la labor. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dicho que "no se puede estar haciendo decretos todos los días", que "ellos verán", mientras que la portavoz parlamentaria del grupo socialista PSOE, Adriana Lastra, ha adevertido que para sacar adelante otro texto con todo lo que pide Podemos, sería díficil tener mayoría parlamentaria porque se necesita el aval de otros grupos.

Los argumentos de PP y Cs

El PP ha argumenta que en el escaso mes que el texto ha entrado en vigor ya "se han firmado menos contratos de arrendamiento y más caros", según la diputada Ana María Zurita. A juicio de Cs, no ofrece seguridad jurídica a los propietarios ni aborda una regulación estatal sobre los alquileres turísticos.mientras que el PP argumenta que en el escaso mes que el texto ha entrado en vigor ya "se han firmado menos contratos de arrendamiento y más caros", según la diputada Ana María Zurita. A juicio de Cs, no ofrece seguridad jurídica a los propietarios ni aborda una regulación estatal sobre los alquileres turísticos.