El Consejo de Estado ha instado al Gobierno a "reexaminar en profundidad" la reforma del Registro Civil impulsada por el dimitido ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, dirigida a encomendar este servicio a una nueva corporación pública que llevaría los registros civiles de toda España.
El dictamen describe el texto como "oscuro" por los numerosos "interrogantes" que suscita y concluye que ganaría claridad y precisión si la gestión de esa corporación se encomendara directamente al Colegio de Registradores. De esta forma, dice, se evitaría una duplicidad de funciones y servicios corporativos, así como problemas relacionados con el régimen disciplinario de los registradores, la gestión de los recursos económicos o el pago de cuotas.
El Consejo de Estado también considera que el proyecto regula cuestiones que exceden de la norma y que no detalla suficientemente su impacto económico y social. También echa en falta una mayor regulación en la financiación, estructura, órganos y naturaleza jurídica de la nueva corporación que contratará y gestionará el nuevo sistema informático.
Por su parte, el sindicato UGT pidió ayer al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que paralice la "privatización" iniciada por su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón". En una carta remitida al nuevo titular de Justicia, UGT le solicitó una reunión para plantearle ésta y otras reivindicaciones del sindicato.
Entre los asuntos fundamentales que tratarán figura el inicio de las negociaciones del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, informó el sindicato, que también tiene la intención de dialogar sobre la carrera profesional de los funcionarios de la Administración de Justicia y sobre la necesidad de disminuir "la alta tasa de temporalidad que padecen estos trabajadores".
Para solventar esta última cuestión, UGT reclama la convocatoria de una oferta de empleo público con la posibilidad de negociar un concurso restringido como se han producido otros anteriormente.
