Obligar a un detenido a recoger sus excrementos, meterle la cabeza en el inodoro y tirar de la cadena, arrancarle la barba y dársela para comer mezclada con tabaco, meterle una pistola en la boca o amenazarle con violar a un ser querido. Sin olvidar las lesiones físicas. Todo esto ha ocurrido en España, en la España ya democrática y reciente, y son hechos que figuran como probados en sentencias judiciales. Amnistía Internacional alertó ayer de que el corporativismo en los cuerpos policiales y de funcionarios de prisiones es uno de los principales mecanismos para silenciar las torturas.
El informe, que lleva por título Acabar con la doble injusticia. Víctimas de tortura y malos tratos sin reparación , se basa en 450 sentencias dictadas entre 1980 y 2003 por tribunales españoles de las que se han analizado 95 en profundidad por tener una condena por tortura o maltrato.
El exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo describió ayer el estudio como un informe de "máxima relevancia y extraordinaria rigurosidad". "Es tan riguroso como ninguno que se haya hecho nunca en España", añadió el fiscal.
POCO Y TARDE La necesidad de la rápida y completa reparación a las víctimas de torturas o maltratos es una necesidad repetida hasta la saciedad en el informe. Porque, además de indemnizaciones casi irrisorias --calculadas con los baremos de los accidentes de tráfico--, están llegando a sus destinatarios con una dilación que, en el mejor de los casos, es de cinco años.
La responsable del departamento de investigación de la sección española de Amnistía Internacional, Giulia Tamayo, detalló que "el 80% de las víctimas han recibido indemnizaciones inferiores a los 3.000 euros (500.000 pesetas), y el 30%, inferiores a los 600 euros (100.000 pesetas)". Tras años de espera.
Aunque Amnistía concluye que la tortura no es sistemática en España, sí se reciben "denuncias frecuentes y creíbles". Tamayo destacó el aumento de las denuncias de detenciones ilegales y malos tratos con componente racista sufrido por ciudadanos extranjeros.
NI PRESCRIPCION NI INDULTO Entre las medidas urgentes, la organización solicita que estos delitos no tengan límite de prescripción, que desaparezca la posibilidad de indulto para los condenados y que el Gobierno asuma su responsabilidad civil.
Otras de las necesidades, argumentadas ayer por el exfiscal Villarejo, es replantear los periodos de incomunicación de 13 días instaurados por el PP. "Este periodo de incomunicación es incompatible con los derechos democráticos y básicos de detenidos y presos", apuntó Villarejo. El exfiscal, en una recopilación de datos extraídos de las memorias de la Fiscalía General del Estado de los últimos cinco años, habló de 357 diligencias previas por presuntos delitos de malos tratos o torturas.
En tanto que fiscal durante 41 años, Villarejo hizo un llamamiento a sus colegas como pieza fundamental a la hora de perseguir y erradicar estas prácticas delictivas.
