Los últimos acontecimientos en Ceuta, donde el pasado 6 de febrero murieron 15 subsaharianos cuando intentaban llegar a nado a España han generado una crisis política, forzado una investigación judicial y seguramente obligue a variar los procedimientos que desde el 2005 se aplican en las fronteras españolas con Marruecos. La Guardia Civil espera que el ministerio del Interior de instrucciones de cómo hay que actuar a partir de ahora cuando un inmigrante irregular pisa suelo español.

Hasta ahora, los guardias civiles estaban autorizados a retener al inmigrante y entregarlo inmediatamente a las autoridades marroquisdel otro lado de la frontera, sin que mediaria trámite alguno. Tal como llegaban, se devolvían. Eso es justamente lo que ocurrió el 6 de febrero en Ceuta. La Guardia Civil obligó a entrar nuevamente en Marruecos, en fila india, cogidos de la mano y bordeando el espigón, a los 23 hombres que acababan de llegar exhaustos y a nado a la playa del Tarajal.

Anoche el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se refirió a la tragedia y el subconsciente le jugó una mala pasada.

"Han muerto 15 personas en Ceuta, perdón, formalmente ha sido en Marruecos, pero buscaban una vida mejor". Y añadió "decir que España es un país seguro puede resultar provocador después de lo sucedido en Ceuta pero es lo cierto".

Sobre la devolución en caliente de los 23 que llegaron vivos a la playa, la semana pasada el ministro defendió en el Congreso la "legalidad" de un procedimiento que él mismo definió como una "interpretación de la Ley de Extranjería", ante la singularidad de las fronteras de Ceuta y Melilla. Diferentes oenegés llevan años denunciando la "ilegalidad" de estas devoluciones.

El viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría reconoció que había llegado el momento de estudiar si esos procedimientos de actuación en frontera siguen siendo los adecuados. Horas después la UE amenazó a España con sanciones si no se respetaba la legislación internacional en derechos humanos en materia de devolución en frontera. Y un juez ha aceptado a trámite una querella criminal contra el jefe de la Guardia Civil y el Delegado del Gobierno en Melilla por la devolución en caliente de 13 subsaharianos, a finales del año pasado.

El ministerio del Interior ha decidido clarificar cómo debe de ser la actuación de un guardia civil cuando un inmigrante consigue tocar suelo español. Y se plantea terminar con una practica que se realiza desde el 2005, cuando los socialistas gobernaban. A nadie extrañó que durante el salto masivo de subsaharianos en Melilla lograran entrar 150 hombres, en su mayoría de Camerún y Mali, y ninguno fuera detenido y entregado a los marroquís.

A las seis de la mañana, un grupo de unos 250 hombres que no fueron detectados por los militares marroquís lograron llegar hasta ese punto del vallado en el que no se instalaron las nuevas concertinas, porque no era zona habitual de entrada. Cuando apareció el primer vehículo de la Guardia Civil los inmigrantes ya estaban en su mayoría en suelo melillense. Los inmigrantes se dividieron en varios grupos y corrieron hasta el CETI, donde destrozaron los tornos de entrada cuando los vigilantes de seguridad privada intentaban poner orden en el acceso.

Anoche se habían contabilizado 150 inmigrantes, entre los que había ocho que aseguraron ser menores de edad. El éxito del salto, el más masivo de los últimos meses, provocará un efecto llamada entre el millar de subsaharianos que esperan agazapados en los montes marroquís que hay frente a la frontera con Melilla. Un informe de los servicios de información del CNI avanzado el lunes por El País cifran en 30.000 los inmigrantes en situación irregular que repartidos en todo Marruecos esperan poder llegar a Europa.