La defensora del pueblo europea, Emilly O'Reilly, ha llevado la indemnización por el cierre de la planta de almacenaje de gas Castor a la Comisión Europea, después de que el defensor del pueblo de Cataluña, Rafael Ribó, se lo solicitara. La defensora ha hecho llegar el informe del organismo catalán sobre el proyecto al secretario general de la institución comunitaria, que ahora determinará los pasos a seguir.
Ribó propuso a O'Reilly que solicitara a la Comisión, en el marco de sus competencias, una actuación de oficio para determinar si la indemnización de 1.350 millones de euros que el Gobierno ha concedido a la empresa gestora del almacén y que pagarán todos los consumidores a través del recibo del gas supone una "ayuda de Estado prohibida por el tratado de la Unión Europea".
