El obispo de Córdoba, Juan José Asenjo, mantiene al frente de una iglesia a un sacerdote pese a que está condenado a 11 años de cárcel por abusar sexualmente de seis niñas en el municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo. El obispado incluso manifestó ayer su "apoyo y cercanía" al párroco, J. D. R. G., un día después de que la Audiencia Provincial confirmara la sentencia dictada por un juzgado de instrucción.

La diócesis emitió ayer un comunicado en el que asegura que el sacerdote "ha declarado reiteradamente a su obispo no haber incurrido nunca en comportamientos morales incompatibles con su condición sacerdotal". "Los hechos, de ser ciertos, son siempre deplorables, moralmente condenables y causa de sufrimiento para todos", añadió.

El abogado Luis Serrano, que ejerció la acusación particular en el caso, instó al obispado a que suspenda en su labor pastoral o traslade a otra localidad al sacerdote. "Es tremendamente chocante --añadió Serrano-- que una persona que está condenada por abusos sexuales a menores siga ejerciendo su labor dentro del seno de la Iglesia e, incluso, continúe actualmente dando catequesis a los niños que van a hacer la comunión".

La Audiencia Provincial de Córdoba desestimó el recurso presentado por la defensa del sacerdote, titular de la parroquia del Salvador de Peñarroya-Pueblonuevo, contra la sentencia emitida por el Juzgado Penal 1 de Córdoba en mayo del 2003, por la que le condenaba a 11 años de prisión y a pagar 8.100 euros (1.347.727 pesetas) en concepto de indemnizaciones a las víctimas.

La defensa puede recurrir ahora al Tribunal Constitucional. En ese caso, J. D. R. G. no iría a la cárcel hasta que se pronunciara el alto tribunal. La acusación particular explicó que las familias de las menores están "alegres" por la desestimación del recurso. "Aunque también mostramos cierta expectación ante la posibilidad de recurso por parte de la defensa", explicó.

MENORES DE 8 A 10 AÑOS Las víctimas del sacerdote eran niñas de entre 8 y 10 años. Los abusos se produjeron, según la sentencia, entre octubre del 2000 y junio del 2001. Consistieron en tocamientos a las menores en sus zonas más íntimas "con propósito lascivo" mientras las confesaba. En el juicio, J. D. R. G. negó haber tocado de forma consciente las partes íntimas de las niñas.