El Defensor del Pueblo abrió ayer una investigación para que se clarifique el sistema de facturación de las compañías de telefonía móvil y para que el usuario sólo pague por los minutos y segundos que haya consumido. La institución aboga por evitar el redondeo al alza, que ha motivado la denuncia de los usuarios, y que supondría una actividad ilegal.
La adjunta primera al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava, ha solicitado al secretario de Estado de Telecomunicaciones y al presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que le informen sobre las reclamaciones. Según el Defensor, "la facturación de segundos de conversación que los usuarios no han consumido, supondría el desarrollo por parte de las compañías de telefonía, de una actividad contraria a la ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los usuarios".
LLAMADAS REDONDEADAS La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) aplaudió la iniciativa. En el 2003 denunció que 19 operadores redondeaban las llamadas con duración inferior a 60 segundos, de modo que siempre facturan un minuto completo. En el caso de las tarjetas de prepago, las llamadas de duración superior también se redondean al alza "hasta alcanzar fracciones de treinta segundos", recordó FACUA.
La asociación de consumidores calcula que en el 2002 fueron redondeadas 10.000 llamadas, que reportaron a las compañías 1.175 millones de euros (195.553 millones de pesetas) de ingresos extras.
También la asociación de consumidores Asgeco-Unccue apoyó la decisión del Defensor del Pueblo. En una nota hecha pública ayer, la Asociación General de Consumidores y la Unión Nacional de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España (Asgeco-Unccue) calificaron como "práctica abusiva" que las operadoras de móviles cobren el primer minuto al usuario "aunque la duración de la llamada sea de tiempo inferior al minuto cobrado".
CONDUCTA "ABUSIVA" Según el comunicado de Asgeco-Unccue, el usuario debe pagar exclusivamente por el tiempo real consumido y considera la conducta de las compañías como "irregular y abusiva". "Pese a las múltiples denuncias, las compañías de móviles no han atendido nuestras pretensiones. Ahora el Defensor del Pueblo inicia una actuación que intenta solucionar una situación injusta que ha perjudicado a los consumidores", afirman.
El pasado mes de octubre, el Instituto Nacional del Consumo interpuso una demanda contra las empresas del sector de los aparcamientos por motivos similares, dado que redondeaban al alza las tarifas de estacionamiento. Las organizaciones de consumidores reclamaron ayer al Gobierno que actúe ahora contra las compañías de telefonía "con la misma contundencia".
